El asambleísta Andrés Páez (ID) propuso que para la estructuración de la nueva Corte Nacional de Justicia se tome en cuenta tres fuentes: el ejercicio profesional, la docencia universitaria y la carrera judicial.
Añadió que para el efecto se debería recoger la experiencia y el proceso transparente que se realizó en los años 2005 y 2006, que precisamente dio lugar a una justicia salida de vertientes especializadas.
Insistió que esta trascendental tarea puede ser conducida por los jueces y magistrados de cortes superiores o provinciales y tribunales distritales; los tribunales del honor de los Colegios de Abogados, donde está la gente de mejor condición moral; y, las facultades de Jurisprudencia de universidades que tengan al menos 20 años de vigencia.
Recordó que la Constitución establece que dicha designación la debe realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero que lamentablemente este organismo ha perdido su credencial ética y moral frente a la propuesta del Presidente de la República que le ha desautorizado en el cumplimiento de sus funciones.
Además, se mostró partidario de que la nueva Corte Nacional de Justicia se integre con 31 magistrados, considerando que ese número respondió a un criterio técnico del proceso del 2005.
En medio de las posibles reformas constitucionales, Páez Benalcázar también planteó la eliminación de la norma que creó el Tribunal Constitucional, que luego pasó a denominarse Corte Constitucional, argumentando que allí se tramitan intereses particulares, al tiempo de exigir la revocatoria inmediata del encargo y la autodesignación de los vocales de la entidad y su enjuiciamiento penal inmediato, por haber incurrido en el delito de arrogación de funciones.
Denuncia
En otro ámbito, Andrés Páez denunció que el Consejo de Participación, bajo el argumento de que no cuenta con un reglamento para la clasificación y valoración de puestos, ha definido su personal “a dedo”, casi 300 funcionarios, sin concurso de selección alguno.
Ley de Tránsito
Finalmente, anunció que votará en contra del proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Transporte y Seguridad Vial, en razón de que en el documento se ha privilegiado los intereses de los “caciques de la trasportación” - los dueños de las unidades- en detrimento de la comunidad ecuatoriana.
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