El asambleísta Andrés Páez Benalcázar presentó un proyecto de reformas al Código Penal, según el cual se sanciona con reclusión menor ordinaria de tres a seis años y una multa de cinco a 20 remuneraciones básicas unificadas a las personas que vendan o comercialicen cosas hurtadas o robadas o que sean de dudosa procedencia por no poder acreditar su propiedad con la correspondiente factura o título.
Prevé, también, que las cosas u objetos hurtados o robados serán decomisados y si sus propietarios no los reclaman dentro de 90 días, probando previamente la propiedad de los mismos serán destinados a la beneficencia pública.
La persona que adquiera cualquier objeto de dudosa procedencia sin la correspondiente factura o título de propiedad será sancionada con prisión de uno a tres años y multa de tres a 10 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.
Las sanciones también se aplicarán a los intendentes, comisarios de policía, tenientes políticos y cualquier otra autoridad competente que no efectúe los controles del caso para evitar la venta o comercialización de cosas robadas o hurtadas, sancionándoles con prisión de uno a tres años, multa de dos remuneraciones básicas unificadas y la destitución inmediata del cargo.
Andrés Páez aseveró que es indignante que la venta de objetos robados esté a disposición del público en diferentes ciudades del país en locales de apariencia lícita y que se comercialicen sin la entrega de la correspondiente factura o título de propiedad causando además perjuicio al Estado al no cumplir sus obligaciones tributarias y en evidente detrimento de quienes realizan legalmente sus actividades comerciales.
Esta práctica perversa pone en riesgo los lineamientos fundamentales prescritos en
