El presidente de la Comisión Ocasional y ponente del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, Mauro Andino, al asegurar que el foro que se desarrollará el martes 14 de febrero, en la Flacso, a partir de las 17:30, servirá para que la ciudadanía y los sectores involucrados conozcan a ciencia cierta el texto del cuerpo legal, ratificó que mientras el documento no sea sometido a votación, se pueden introducir modificaciones.
Destacó la publicación del proyecto en tres medios de comunicación impresos del país, lo cual evitará que se tergiverse, se manipule o se difundan contenidos falsos.
Insistió en que, siguiendo el tratamiento que se da a los distintos proyectos de ley, antes de someterlos a segundo debate, los participantes podrán dar sus aportes, criterios, sugerencias y observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y, en tanto haya propuestas que mejoren los derechos de comunicación e información, se los incluirá en el texto final.
Mauro Andino aclaró que de ninguna manera se busca controlar las redes sociales, tal es así que en el artículo 3, inciso segundo, se determina que esta ley no regula la información u opinión que circula a través de las redes sociales.
Indicó que uno de los aspectos que han generado problemas entre sectores políticos y de comunicación es aquel que tiene que ver con los principios deontológicos. Se escucha que hay que hacer una diferenciación entre lo que es información y opinión; y que no se descontextualice entre lo que se dice en el titular y el desarrollo de la información, pero si acudimos a los estatutos de radio y televisión, estos principios están desarrollados desde hace varios años y lo que se ha hecho es incluirlos en el proyecto.
Subrayó que el tema de la profesionalización ha concitado amplio debate, pues unos sectores respaldan que se exija el título profesional para ejercer el periodismo y otros, en cambio, argumentan que la Constitución permite ejercerla de manera amplia y general. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado esta situación, por lo que habrá que ver cuál es el sentir mayoritario de los asambleístas.
Al referirse al Consejo de Regulación y Desarrollo de Comunicación, indicó que se han superado las críticas sobre esta temática, ya que se han recogido las observaciones de los distintos colectivos. Dicho Consejo estará integrado, ya no por siete miembros, sino por cinco personas: un delegado del Presidente de la República; uno de las Facultades de Comunicación de las universidades públicas; uno de los Consejos de Igualdad; uno de los gobiernos autónomos descentralizados; uno de las organizaciones sociales de comunicación; y, uno de Derechos Humanos. Por tanto, no se puede decir que el Ejecutivo tendrá mayoría.
Resaltó que hay 19 atribuciones que tendría este Consejo, al aclarar que no podrá suspender o clausurar medios, pero sí establecerá sanciones de carácter administrativo, por ejemplo: si un comunicador o un periodista difunde información errónea, falsa o acusa a alguien de ser asesino y si la persona perjudicada en sus derechos pide que se haga la rectificación, réplica o respuesta y el medio lo hace, no ha pasado nada; pero, si este medio se pone de lado del periodista y no da paso a la réplica, incumpliendo lo dispuesto en la ley, el Consejo de Regulación impondrá una sanción administrativa, que puede ir desde una amonestación escrita, hasta un llamado de atención y una disculpa pública en el mismo medio. En caso de reincidencia, se aplicaría una sanción de carácter económico, pero jamás podrá suspender o clausurar el medio.
Finalmente, Andino Reinoso formuló un llamado a todos los sectores involucrados y a la ciudadanía en general a participar en el Foro de la Flacso, porque la participación ciudadana constituye el pilar para construir colectivamente las leyes, de conformidad con lo que quiere la gente humilde, sencilla y que cree que esa libertad de información y de comunicación no corresponde solo a los medios de comunicación, sino a todos los ecuatorianos.
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