Con siete votos, de los asambleístas Fernando Aguirre, Francisco Cisneros, Consuelo Flores, Luis Morales, Edwin Vaca, Paúl Jácome, alterno del parlamentario Francisco Ulloa, y Marco Murillo, presidente de la Comisión Ocasional de Cultura, se aprobó el informe final y el adéndum del articulado del proyecto de Ley Orgánica de Culturas, sobre la base de los resultados de la consulta prelegislativa. Se registró, además, la abstención de la legisladora Marisol Peñafiel.
En el Anexo del proyecto, en lo atinente a los conocimientos colectivos, tecnologías y saberes ancestrales se definen las potestades, competencias y obligaciones del Estado y sus políticas orientadas a proteger, promover y garantizar los derechos culturales, en la unidad de la diversidad cultural, sus manifestaciones, sus patrimonios tangibles e intangibles y la memoria histórica y social.
Para ello, se determina como fines el fomentar la creación, difusión y valoración de los conocimientos, bienes y productos que forman parte de las identidades y sus expresiones culturales; fortalecer la relación y el diálogo interculturales en todos los espacios y ámbitos de la sociedad nacional; garantizar el acceso al espacio público y la esfera mediática de las expresiones culturales; afianzar las relaciones de las culturas con la protección de la propiedad intelectual, la ciencia, tecnología, conocimientos ancestrales, ambiente y turismo, entre otros aspectos.
Además, se garantiza a los ciudadanos, colectividades, comunidades y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio el ejercicio pleno de su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias externas y de acuerdo al principio de equidad, decidiendo sus propias formas de administración, de conformidad con la Constitución. Se adoptarán medidas destinadas a mejorar las condiciones de acceso y ejercicio de sus derechos culturales.
Con relación a la participación y representación en los organismo oficiales, prevé que la integración del Consejo del Sistema Nacional de Culturas estará conformado por cuatro representantes de las instituciones y entidades gubernamentales del ámbito cultural; un representante por cada nivel de los gobiernos autónomos descentralizados; dos representantes por los actores y gestores culturales, para cuya designación el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elaborará el reglamento respectivo a fin de que estos sean elegidos democráticamente mediante concurso público de méritos y oposición; dos representantes de los pueblos y nacionalidades indígenas, dos por el pueblo afroecuatoriano y dos por el pueblo montubio, que serán electos internamente, mediante sus propios mecanismos.
Igualmente, determina las políticas culturales para garantizar el ejercicio de los derechos culturales; la asignación de recursos para la protección, conservación y restauración de los bienes del patrimonio cultural; las obligaciones del Estado frente a la memoria social para generar las condiciones necesarias para el reconocimiento, manifestación y difusión de la memoria social; fines y objetivos del Sistema Nacional de Cultura; las competencias del Consejo del Sistema Nacional de Cultura; las competencias del Instituto Nacional de Diálogo y Desarrollo de la Interculturalidad y Plurinacionalidad.
Mientras, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural se determina que los ciudadanos, colectividades, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio tienen derecho a construir, mantener y acceder a la memoria social, patrimonio histórico e identidad cultural del país y expresiones culturales propias. Corresponde al Estado, desde los diferentes sistemas de gobierno, promover que el sistema educativo y que los medios de comunicación participen en programas de difusión y promoción de las culturas ecuatorianas, para erradicar el analfabetismo tecnológico que impide la circulación y el diálogo interculturales, entre otros aspectos.
El presidente de la Comisión de Cultura, Marco Murillo, indicó que en las próximas horas entregarán los documentos, tanto del anexo del proyecto de Ley Orgánica de Culturas, cuanto el informe final de la consulta prelegislativa, donde se recoge el desarrollo de ésta, que tuvo su inicio el 8 de agosto del 2012 y concluyó el 3 de enero del 2013. Lo que resta es que el presidente de la Asamblea Nacional resuelva incluir en una sesión el tratamiento de este tema, concluyó.
JLVN/eg
