Con 90 votos, el Pleno de la Asamblea censuró a la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando, por incumplimiento de sus funciones asignadas por la Constitución y la Ley.
La resolución recoge las recomendaciones formuladas por la Comisión de Fiscalización, en su informe motivado, en el sentido de que se solicite a la Junta Bancaria la evaluación técnica del proceso de finiquito de las liquidaciones de las entidades del sistema financiero sujetas a reestructuración, saneamiento, liquidación y procedimientos de cobro de las pérdidas patrimoniales para que norme y establezca los correctivos necesarios, encaminados a impedir que se perfeccione el perjuicio al Estado, a los clientes de esas entidades, en beneficio de los responsables de la crisis bancaria y de las acciones y omisiones de los administradores de la entidades financieras durante el período de reestructuración, saneamiento y liquidación, y de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, cuyas acciones y omisiones facilitaron y permitieron la dilación de tales procesos.
Igualmente, demanda la intervención inmediata y urgente de la Contraloría General del Estado para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley, realicen los exámenes especiales a los procesos de saneamiento y liquidación forzosa de las instituciones del sistema financiero cuya existencia jurídica se extinguió por efecto de la culminación del proceso liquidatorio, así como de aquellas que aún no han culminado dicho proceso dispuesto por la Superintendencia de Bancos, determinando los grados de responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal de todos los directivos y funcionarios de todos los organismos e instituciones que intervinieron en los procesos desde el inicio de la crisis bancaria hasta la presente fecha.
Así mismo, solicita al Banco Central del Ecuador que informe periódicamente a la Asamblea Nacional sobre el proceso de recuperación de la cartera y pago a acreedores a su cargo, proveniente de las instituciones financieras cerradas y ejecute de manera inmediata la cartera de cobro que tiene a su cargo y que corresponde a la banca cerrada.
Establece que la Fiscalía General del Estado investigue los procesos administrativos y financieros seguidos por las distintas instituciones del Estado: Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, ex AGD, CFN, Unidad de Fideicomiso AGD-CFN “NO Más Impunidad”, y todas aquellas que tuvieron a su cargo el cobro de acreencias, incautaciones y demás acciones encaminadas a resarcir al Estado y a los clientes de las entidades financieras, desde el inicio de la crisis bancaria hasta la fecha, para determinar la existencia o no de responsabilidad penal y, en caso de existir que inicie las acciones judiciales que correspondan.
También, el Fiscal General del Estado, en el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de la presente resolución, informará a la Asamblea Nacional sobre los resultados de las instrucciones fiscales que se han iniciado, las que se han culminado, así como su participación en los juicios instaurados desde el inicio del denominado salvataje bancario hasta la presente fecha.
En igual plazo, la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura evaluarán e informarán a la Asamblea Nacional sobre todos los procesos legales instaurados en todas las judicaturas del país, por el denominado “salvataje bancario”, desde su inicio hasta la presente fecha, estableciendo las responsabilidades que fueran del caso, en las acciones u omisiones en los procesos judiciales que se hubieren producido, facilitando y permitiendo la impunidad y el no descubrimiento de la verdad sobre la crisis bancaria de fines de la década de 1990.
La resolución solicita a la Unidad de Fideicomiso AGD-CFN “No Más Impunidad” informe periódicamente a la Asamblea Nacional sobre el proceso de evaluación y venta de activos incautados de la banca cerrada.
La Asamblea Nacional se mantendrá vigilante del cumplimiento irrestricto del contenido de esta resolución.
Como se recuerda, el interpelante Rolando Panchana afirmó que existen razones suficientes para censurar a la ex superintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, por su evidente negligencia en el cobro a la banca cerrada, más aún cuando no aplicó los artículos 127 y 165 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.
Además, no puso fin a la crisis financiera, sino la acrecentó, puesto que hasta esta fecha no se ha recuperado valor alguno en las pérdidas de los recursos del patrimonio propio de los ex accionistas, por tanto no se podrá cancelar las acreencias a los miles de perjudicados y en ningún momento evaluó los informes de los liquidadores.
Este juicio político ha servido para que la Asamblea Nacional castigue la ineptitud y negligencia de la ex Superintendenta y de los funcionarios que se prestaron para consumar la impunidad; y, para decirle al nuevo Titular de este organismo de control que esa misma suerte podría correr él, si es que no cumple con la demanda del país de cerrar de una vez por todas este capítulo nefasto de la historia, conocido como el mayor atraco bancario, sancionando a sus responsables y devolviéndoles el dinero a los perjudicados.
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