Durante el 2011, la Asamblea Nacional, presidida por Fernando Cordero Cueva, presenta un balance positivo, tanto en materia legislativa, cuanto en fiscalización, no solo por la aprobación de 20 leyes, la mayoría de las cuales están orientadas al desarrollo social y productivo, sino porque mediante 68 resoluciones, el Pleno expresó su preocupación por las acuciantes problemáticas que enfrentan las diferentes provincias del país.
Así mismo el año 2011 fue el año de nacimiento de La Radio de la Asamblea Nacional, del Punto de Encuentro Ciudadano y la consolidación de las Casas Legislativas, tres formas de acercarse de manera directa a la ciudadanía del país y no solo de Quito. También la Escuela Legislativa, como instancia para mejorar los procesos de formación de la ley.
En el ámbito social, se aprobaron leyes destinadas a la construcción de políticas de Estado en el campo de la donación y trasplante de órganos; en la regulación y control del tabaco; en la inclusión de las enfermedades raras o huérfanas en la atención en la Ley Orgánica de Salud; en Educación Intercultural; en el reconocimiento a los héroes y heroínas nacionales; en reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Respecto del apoyo productivo, dictó normas como el Código de la Producción , el Código de Planificación y Finanzas Públicas y otras tendentes al fortalecimiento de la economía popular y solidaria; a la regulación y control del poder de mercado, para evitar los abusos y prácticas monopólicas u oligopólicas, mismas que son perjudiciales para los intereses de los consumidores.
Para contribuir a la consolidación de la estructura institucional del país, la Asamblea reformó la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, mediante la cual se regula la revocatoria de mandato; concluyó el trámite de los últimos cinco módulos para la depuración de la normativa legal, por los cuales se derogaron más de 1 400 normas obsoletas y en desuso. También se reformó la Ley de Creación del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute, ajustándola a las disposiciones constitucionales vigentes, en torno al manejo del agua.
Fundamentos de la Legislatura ecuatoriana
La Asamblea puso énfasis en la recuperación de la memoria histórica del Ecuador, por lo que se recordaron dos hechos vitales para la existencia de la Función Legislativa, se trata de la conmemoración de los 180 años de la instalación del Primer Congreso, reunido el 20 de septiembre de 1831, en aplicación de la Constitución promulgada por el Congreso Constituyente de 1830, así como el Bicentenario de la reunión del Primer Congreso Constituyente de Quito, establecido en diciembre de 1811, que dictó el “Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las provincias que forman el Estado de Quito”, firmado el 15 de febrero de 1812, conocido como Constitución Quiteña.
Este hecho importante en la historia legislativa del Ecuador no se produce de un momento a otro, sino que es el resultado de una secuencia de acontecimientos, cuando este territorio fue parte de la Gran Colombia, luego del primer grito de la independencia en 1809.
En esta primera Constitución existían once artículos referentes al Poder Legislativo, que debía conformarse con 30 diputados, elegidos 10 por cada departamento. Entonces ,para ser diputado se requería: ser ecuatoriano en ejercicio de la ciudadanía; tener treinta años de edad; y, tener una propiedad raíz, valor libre de cuatro mil pesos, o una renta de quinientos, como producto de una profesión científica, de un empleo, o de una industria particular.
La conmemoración del Bicentenario de la reunión del Primer Congreso Constituyente de Quito fue coordinada con la Academia Nacional de Historia. El documento fue calificado por el historiador Francisco Salazar Alvarado como la “Verdadera Joya del Derecho Constitucional Americano”.
Juicios políticos
En este período, el Pleno de la Asamblea efectuó dos juicios políticos, uno en contra de la exsuperintendenta de Bancos y Seguros, Gloria Sabando García, quien fue declarada culpable y censurada por el voto mayoritario de los asambleístas. A la vez, se exigió que la autoridad competente informe de manera periódica los avances en la recuperación de activos de los exbanqueros, así como en el pago de las acreencias a quienes fueron perjudicados por el cierre bancario de la crisis de 1999.
El segundo proceso se siguió a los entonces vocales del Consejo de la Judicatura, por incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la Ley. Los nueve exfuncionarios, presididos por Benjamín Cevallos, comparecieron durante largas jornadas al Pleno. Sin embargo, no se alcanzaron los votos necesarios para la correspondiente censura y destitución.
Compromisos del Legislativo
Una vez cumplida la consulta y referéndum del 7 de mayo 2011, en la cual el pueblo se pronunció favorablemente a las 10 preguntas planteadas por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, la Asamblea Nacional asumió el compromiso de iniciar el estudio de las reformas necesarias para desarrollar en la legislación el pronunciamiento popular, en lo relativo a la Ley de Comunicación; las reformas penales para incluir como delito el enriquecimiento particular injustificado, así como la no afiliación de los trabajadores a la seguridad social.
Para tal efecto, la Comisión Ocasional de Comunicación, presidida por Mauro Andino, recobró vigencia para aprobar un informe ampliatorio que fuera presentado en julio de 2010, a fin de incorporar la expresión de la ciudadanía en el sentido de establecer un Consejo de Regulación y Control de la Comunicación.
Los otros temas están en manos de las comisiones especializadas permanentes, a fin de coordinar con diversos sectores la elaboración de los respectivos proyectos de ley que viabilicen la respuesta de las y los ecuatorianos en la consulta de mayo.
Presupuesto financiado
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la pro forma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2012, que asciende a 26.9 mil millones de dólares y la programación cuatrianual 2012-2015, enviada por el Ejecutivo, con cinco recomendaciones presentadas por el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fernando Vélez.
La recomendaciones se orientan a que la pro forma del 2012 garantice los recursos para el cumplimiento de los derechos del pueblo montubio; que el Ministro de Finanzas destine los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de la Universidad Amazónica, e incluya en la ejecución del presupuesto los recursos para los estudios del proyecto de este centro de estudios y su implementación.
Así mismo, el Ministro de Finanzas deberá controlar el uso de los recursos que el Estado gasta e invierte en publicidad; que en los informes de ejecución presupuestaria se incluya que esta cartera observe lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en relación al límite de endeudamiento público; se territorialice la inversión; se evidencie la inversión en participación ciudadana, en relación a la economía popular y solidaria, así como la inversión en agricultura y el fondo de tierras, al igual que los ingresos y destino de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de Recursos del Estado.
De la misma forma, sugiere que el Ministro de Finanzas remita, los primeros 15 días del mes de febrero del 2012, el presupuesto global asignado a todas y cada una de las universidades, tomando en consideración la compensación del Impuesto a la Renta con el deflactor del PIB, por los años 2009, 2010 y 2011.
BENEFICIOS DE L A LEGISLACIÓN:
Educación intercultural
La Ley de Educación Intercultural garantiza el derecho a la educación pública de calidad, laica y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato. Asegura un sistema educativo participativo con capacidad de exigir cuentas y cambios.
Abre las puertas a la evaluación consistente y permanente, para mejorar la calidad de vida de los docentes; a la exigibilidad de los derechos de la comunidad educativa; a la calidez y calidad en todo el sistema, sin necesidad de demandarla; al ejercicio absolutamente libre de la información y la libertad de expresión.
El Estado generará las condiciones que aseguren la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar a los servicios educativos. Proveerá la infraestructura física y el equipamiento necesario; asegurará el mejoramiento permanente de la calidad; la formación, actualización y perfeccionamiento. Los procesos educativos se desarrollarán con la participación activa de estudiantes, familias y docentes.
En los currículos de estudio se incluirán la enseñanza de un idioma ancestral; de las realidades y las historias nacionales de los saberes locales; la investigación científica, tecnológica y la innovación; la creación artística; la práctica del deporte; la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente; y, la diversidad cultural y lingüística.
Donación de órganos solidarios con la vida
La Asamblea aprobó la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, que convierte a todas y todos los ecuatorianos, mayores de 18 años, en potenciales donantes, a menos que en vida manifiesten lo contrario. Negarse no generará discriminación alguna. La extracción de órganos de donantes vivos se limitará a situaciones en las que se prevean grandes posibilidades de éxito del trasplante. En ningún caso se facilitarán ni divulgarán informaciones que permitan identificar a los donantes o a los receptores.
Esta actividad se regirá por los principios de solidaridad, altruismo, voluntariedad, gratuidad, transparencia e interculturalidad, de modo que toda persona que sufra una enfermedad catastrófica o de alta complejidad accederá a una atención especializada oportuna y preferente, a quienes padecen insuficiencia renal o cáncer.
Por un ecuador libre de humo
La ley de Control del Tabaco tiene por objetivo promover el derecho a la salud de los habitantes de la República del Ecuador, protegiéndolos de las consecuencias del consumo de productos de tabaco y sus efectos nocivos. Particularmente el derecho de los no fumadores a no recibir la agresión de un humo que contiene más de 4 000 sustancias tóxicas, entre ellas, 50 cancerígenas, y que, científica e irrebatiblemente, se ha comprobado que causa daño al organismo, tanto a los no fumadores, cuanto a los propios consumidores.
Cultura de tránsito y prevención de accidentes
Crear una cultura de tránsito y de prevención de accidentalidad fueron razones para que la Asamblea dé paso a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se incorporan contravenciones, se racionalizan las sanciones y se genera una conciencia de respeto irrestricto a la integridad de las personas y dar seguridad a los ciudadanos y ciudadanas en las calles y carreteras del país.
Entre las nuevas sanciones constan: retiro definitivo de la licencia de conducir; prisión de seis meses a un año; suspensión de la licencia de conducir por el mismo plazo; multa de tres a cinco salarios básicos unificados (entre 792 y 1 320 dólares) a quien conduzca un vehículo de transporte público, internacional, intrarregional, interprovincial, intraprovincial con exceso de pasajeros. Es responsable el propietario del vehículo y la operadora a la cual pertenece, a la que se le suspenderá el permiso de operación hasta por 60 días. La misma sanción se aplicará a quien conduzca un vehículo de transporte público con llantas lisas o daños mecánicos previsibles.
Economía solidaria beneficia a millones
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario fortalece esta rama, que se sustenta en relaciones de cooperación y reciprocidad. Más de tres millones de personas de ámbitos comunitarios, asociativos, cooperativistas, unidades económicas populares (economía de cuidado, emprendimientos unipersonales, comerciantes minoristas y artesanos) se benefician. Integran este sector: 1 800 cooperativas de ahorro y crédito, 1 198 entidades asociativas o solidarias, 15 000 bancos comunales y 3 000 cajas de ahorro.
La ley propicia la concesión de créditos de liquidez y protege los depósitos de la gente. Se creó el Fondo de Liquidez y Seguro de Depósitos y la Superintendencia del Sector Popular y Solidario, como órgano de control y regulación. Además, la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, para dar créditos y servicios financieros. Habrá promoción e incentivos. Por ejemplo, las instituciones públicas priorizarán la compra de productos a las organizaciones populares. Por otro lado, los comerciantes minoristas tendrán centros de acopio, recintos feriales y mercados, en espacios públicos determinados.
Código de la Democracia
La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, bajo los principios de diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades, regula la participación popular en el ejercicio de la democracia directa para los procesos electorales; la designación de las autoridades de los estamentos del poder público; el marco institucional de los órganos de la Función Electoral y el sistema electoral, así como el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio.
Las ciudadanas y los ciudadanos pueden elegir y ser elegidos; participar en los asuntos de interés público; presentar proyectos de iniciativa popular normativa; ser consultados; revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular; conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente y tomar parte en todas las decisiones que éstos adopten.
Ordenamiento jurídico se renueva
Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, el Pleno aprobó nueve módulos de la Ley Derogatoria para la Depuración de la Normativa Legal, a través de los cuales se eliminaron alrededor de 1 400 decretos, leyes, decretos supremos, decretos leyes y acuerdos legislativos, entre otras normas caducas y obsoletas que, pese a estar vigentes, no tenían eficacia jurídica.
De esta manera, quedaron sin efecto normativas que perdieron vigencia, por haber cumplido la finalidad para la que fueron creadas, por ser contrarias a la Constitución, entre otras circunstancias.
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