Asamblea concede amnistía a siete comuneros de Nabón

Miércoles, 21 de diciembre del 2011 - 18:53 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Considerando que se trata de un acto de estricta justicia, el Pleno, con 104  votos, concedió amnistía a los ciudadanos Vinicio Saravio Jaya Quezada, Plutarco Patiño Patiño, Celso Amable Patiño Quezada, Rodrigo de los Ángeles Quezada Sanmartín, Segundo Olmedo Sanmartín Mora, Luis Nelson Sanmartín Mora y Manuel Remigio Capelo Erráez, de la comuna de Nabón, parroquia Cochapata, de la provincia del Azuay.

Esta solicitud de amnistía fue formulada por el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, el 4 de octubre de 2011, cuyo informe fue elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por Mauro Andino Reinoso.

Decenas de pobladores de la comuna de Nabón presenciaron, desde las barras altas,  el debate y desarrollo de la sesión No. 141.

La asambleísta azuaya Rosana Alvarado, vocal de la Comisión de Justicia, recordó que el 23 de marzo de 2008, en el sector de “Shincata”, cerro El Mozo, de la parroquia Cochapata, cantón Nabón, se produjo un levantamiento popular en el campamento de la minera Belén. La población se levantó en rechazo a la grave contaminación de sus fuentes de agua como resultado de la actividad minera de dicha empresa, argumentó.

Ante el inicio de una persecución judicial a las autoridades, líderes y comuneros del sector, el 11 de julio de 2008 la Asamblea Constituyente resolvió conceder amnistía a  favor de estos ciudadanos, agregó.

Sin embargo, las distintas autoridades judiciales –jueces y fiscales- han irrespetado el cumplimiento de tal mandato, al realizar una lectura parcial de su texto y dejar de lado el informe de la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización en el que claramente se aprecia la voluntad del constituyente, sostuvo.
Rosana Alvarado Carrión (AP) dijo que el 9 de abril de 2010, la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay dictó sentencia condenatoria por el delito de sabotaje, imponiéndoles una pena de 8 años de reclusión mayor ordinaria.

Frente a esta situación, manifestó que se trata de un caso de persecución judicial por parte de los poderes económicos en contra de líderes y luchadores por los derechos humanos, quienes actualmente se encuentran prófugos.

RSA

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