La Asamblea Nacional condenó el intento de golpe de Estado con el que se pretendió romper el orden constitucional en el Ecuador y los actos de violencia y barbarie con los que se hizo visible la conspiración en contra de la democracia acaecida el pasado 30 de septiembre de 2010, no solo por lo que representa este intento en sí mismo en la destrucción de la institucionalidad constitucional y democrática de la Nación, sino por ser una expresión más de la violencia o la muerte como herramientas políticas de sectores claramente identificados por la ciudadanía.
Esta resolución se aprobó con el voto afirmativo de 62 asambleístas. También se registró un voto negativo.
La Legislatura expresó su solidaridad con el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado y con todos los ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de actos de violencia el 30 de septiembre de 2010, en la defensa de la democracia.
Agradeció las amplias manifestaciones de solidaridad por parte de la comunidad internacional y el apoyo brindado por organismos multilaterales a la vigencia del sistema democrático en el Ecuador.
Presentó la solidaridad a los familiares de las víctimas; a las y los ministros y secretarios de Estado, asambleístas, periodistas y comunicadores, funcionarios públicos y ciudadanía, quienes también sufrieron agresiones y vejámenes por parte de irresponsables elementos policiales que desdicen de su condición de guardianes del orden público.
Felicitó al valeroso pueblo ecuatoriano por haber demostrado madurez política y una sólida posición inquebrantable en defensa del orden constituido, así como a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que actuaron con absoluta lealtad a sus principios, misión y subordinación al poder civil, en apoyo irrestricto a la defensa de la institucionalidad y la democracia.
Exhortó a la Fiscalía del Estado para que realice una investigación exhaustiva de estos hechos e inicie las correspondientes acciones penales que permitan determinar sus autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores, con pleno reconocimiento de las garantías del debido proceso, a fin de que impere el valor supremo de la justicia.
Por último, formuló un llamado al diálogo y la concertación nacional entre las distintas funciones del Estado, instituciones y organismos públicos y sectores sociales, a fin de consensuar mecanismos que permitan concretar políticas nacionales orientadas hacia la consecución del buen vivir, como el máximo anhelo del pueblo ecuatoriano.
