El Pleno de la Asamblea, con 85 votos afirmativos y seis abstenciones condenó enfáticamente las acciones premeditadas y planificadas del 30 de septiembre del 2010, que tuvieron como finalidad la desestabilización política del país y la configuración de un golpe de Estado en detrimento de los procesos de cambio que vive el país.
También denunció la complicidad y conspiración de determinados actores sociales, partidos políticos y medios de comunicación nacionales e internacionales, para atentar contra la democracia y la institucionalidad del Ecuador, en beneficio de sus intereses particulares y en contra de los procesos de transformación del Ecuador y solicitar a las instancias pertinentes las acciones e investigaciones necesarias para determinar y sancionar a los responsables.
Los asambleístas rechazaron el rol de ciertos medios de comunicación privados que orquestaron un complot mediático para desvirtuar la información y ocultar los hechos del 30 de septiembre de 2010 y su mantenido esfuerzo por tergiversar lo sucedido, negándose a reconocer el fallido intento de golpe de Estado.
En este contexto, rindió homenaje a las y los ecuatorianos que defendieron la democracia en las calles de Quito y, en especial, a quienes entregaron su vida en defensa de la Patria: Jacinto Cortez, Darwin Panchi, Juan Pablo Bolaños, Edwin Efrén Calderón y Froilán Jiménez.
El Pleno convocó a la ciudadanía, a las organizaciones y movimiento sociales a fortalecer la democracia en el Ecuador a través de la participación protagónica de las y los ecuatorianos en la construcción de un nuevo país del Buen Vivir, para no repetir los funestos hechos del 30 de septiembre de 2010.
Por último resolvió rememorar el 30 de septiembre como el día en que el Ecuador defendió la democracia y recordar a las futuras generaciones el rechazo permanente que debe existir hacia los poderes fácticos que afanosamente buscan enquistarse como poderes paralelos en reemplazo del poder popular.
La resolución de iniciativa del asambleísta Diego Vintimilla, fue aprobada considerando que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.
Además, que existen sectores de poder económico, político y mediático que se oponen a los procesos de transformación que vive nuestro país y han fraguado, en los último años, diversos mecanismos para desestabilizar la democracia en el Ecuador, incluso promoviendo un golpe de estado el 30 de septiembre de 2010 en contra del presidente de la República, Rafael Correa Delgado.
Igualmente que los hechos acaecidos el 30 de septiembre de 2010 laceraron el honor nacional al pretender revivir viejas prácticas en desmedro de la voluntad popular expresada democráticamente y que la memoria de quienes perdieron su vida en ese fatídico día mantiene aún vivo el clamor de sus familiares y ciudadanos de que la justicia destrone a la impunidad, castigando severamente a todos los responsables.
Se consideró que los poderes fácticos actuaron y continúan actuando en contra de la democracia y el orden instituido, moldeando la opinión pública a sus más nefastos intereses y en desmejora de los intereses populares, intentando ocultar, desconocer y desestimar los acontecimientos acaecidos el 30 de septiembre de 2010.
Diego Vintimilla, en su exposición resaltó que la resolución es un planteamiento de una convocatoria y de un llamado a las organizaciones sociales y a la ciudadanía para profundizar la democracia, para radicalizar el proceso como única garantía de que nunca más se darán hechos como el 30S.
Precisó que ese día triunfó la democracia, por tanto, la cara del Ecuador cambia, la forma de hacer política cambia y este hecho tiene que ser investigado ya que no debemos permitir que quede en la impunidad el 30S, ni que se convierta en bandera política de defensa de los valores antidemocráticos o de los antivalores.
Dijo que sin apasionamientos coyunturales y con total objetividad política y con compromiso con la verdad no se puede negar lo que sucedió el 30 de septiembre, ni pretender siquiera acusar al gobierno de Rafael Correa de ser el causante de ese día.
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