El Pleno de la Asamblea Nacional continúa el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tienen por objetivo adecuar su texto a las normas constitucionales vigentes, que establecen como competencia exclusiva de los gobiernos regionales, distritos metropolitanos y municipales la planificación, regulación y control del tránsito.
Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre durante la mañana y tarde intervinieron 26 asambleístas y restan por hacer uso de la palabra 32 legisladores.
El tema de mayor debate tuvo relación con la permanencia de la Comisión de Tránsito del Guayas, CTG, como órgano rector de esta materia en la jurisdicción de esta provincia. A la vez, hubo voces que demandaron una reingeniería que recupere su credibilidad institucional, venida a menos por denuncias de corrupción.
Respecto de los puntos que se acreditan en la licencia de conducir, varios asambleístas expresaron la necesidad de revisar los 30 puntos, que serían insuficientes, dada la severidad de las sanciones que, en algunos casos, llega a la reducción de 11 unidades, en contravenciones graves, cuando en países como Estados Unidos la rebaja mayor no supera los cinco puntos.
Otros criterios, en cambio, apuntaron hacia mantener el puntaje de 30 en las licencias y aplicar más rigurosidad en los mecanismos para la recuperación de los puntos perdidos por las contravenciones, de manera que los conductores piensen una y mil veces antes de cometer nuevas infracciones, es decir que este sistema sirva como un elemento disuasivo a fin de que quien está al volante de un vehículo se esmere por conducir de manera óptima.
También se refirieron a la legalización de los taxis ejecutivos, en reconocimiento del derecho al trabajo, garantizado en la Constitución de la República, al tiempo que se sugirió establecer medidas que impidan el monopolio en esta actividad, pues así como hay quienes tienen un vehículo destinado a la transportación de personas como medio de sustento de la familia, hay quienes tienen tres, cinco, diez o más unidades, lo cual constituye un abuso.
En la continuación de la sesión 77, el Pleno analizará el proyecto de resolución que rechaza la decisión de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, de declarar la prescripción de la acción penal en el caso de asesinato de Jaime Hurtado González y sus acompañantes, propuesta por el asambleísta Línder Altafuya.
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