Los asambleístas debaten el proyecto de reformas al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual se aclaran los procedimientos para la elección de Procurador General del Estado y de los Superintendentes de Bancos, de Compañías y de Telecomunicaciones.
El proyecto elimina del artículo 68 la disposición que obliga al Consejo de Participación a designar las Comisiones Ciudadanas de Selección que correspondan para implementar los procesos de veeduría, escrutinio e impugnación para la selección de la primera autoridad de la Procuraduría y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por el Ejecutivo.
De esta manera, el artículo 68 dirá: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la o el Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208, numeral 10 de la Constitución. Las ternas propuestas estarán conformadas respetando la paridad y alternabilidad entre hombres y mujeres y bajo el principio de interculturalidad.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidida por el asambleísta Raúl Abad, en su informe señala que en el mencionado artículo se incorpora un texto que no es parte del artículo 208 de la Constitución, por cuanto previo a la elección de las autoridades indicadas, se requiera la creación o designación del comisiones ciudadanas de selección para tratar las ternas enviadas por el Presidente de la República.
En este marco, indicó que la supremacía constitucional, a través del artículo 424 declara que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
Es por ello, que luego de un análisis exhaustivo, los comisionados resolvieron emitir el informe favorable para primer debate del proyecto de reformas al artículo 68 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque se enmarca en la normativa constitucional vigente.
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