Con 109 votos, el Pleno negó la autorización para el inicio de la causa penal en contra del asambleísta Tito Galo Lara Yépez (PSP), dentro de la querella presentada por el Óscar Herrera Gilbert, solicitado por el doctor Luis Moyano Alarcón, juez nacional, mediante providencia de la Primera Sala de lo Penal, de 24 de febrero de 2010.
Así mismo, la resolución adoptada, con base en la moción presentada por el asambleísta Leonardo Viteri, demanda de la Función Judicial, en la persona del presidente de la Corte Nacional de Justicia, instruya a las cortes, jueces, fiscales y tribunales que se dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución de la República y 111 de la ley Orgánica de la Función Legislativa, respectivamente, según los cuales las y los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan ni por la decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones, dentro y fuera de la Asamblea Nacional.
Como se recuerda, Óscar Herrera Gilbert presentó querella contra el asambleísta por el supuesto delito de injurias calumniosas y no calumniosas graves, en el caso de los contratos de seguros con entidades públicas.
En el debate, los asambleístas defendieron el derecho que les asiste a fiscalizar los actos de las diferentes funciones, entidades y organismos del Estado, el mismo que está garantizado por el principio de inmunidad, connatural al ejercicio de la legislatura, que está reconocido en la Constitución y en la Ley Orgánica.
Al retirar la inmunidad de un legislador, se le quita al pueblo el derecho para fiscalizar, por tanto, la Asamblea Nacional debe rechazar todo intento de callar la voz de quienes, en ejercicio de sus funciones y como parte del control político, formulan denuncias o emiten opiniones en procura de que las autoridades de control y de justicia investiguen posibles hechos de corrupción.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, reiteró que la inmunidad es un componente indispensable e irrenunciable de los asambleístas; es una mínima garantía para que las investigaciones o posibles denuncias no puedan ser frenadas por amenazas judiciales o de cualquier otra naturaleza. “Como lo señalé ayer, para nosotros, la revolución ciudadana es sobre todo una revolución ética, que se legitima en la fiscalización y, por tanto, quienes estamos en esa revolución no pedimos permiso a nadie para defender nuestros derechos, uno de ellos, la inmunidad”, enfatizó.
De su lado, Galo Lara Yépez precisó que no renunciará a su tarea fiscalizadora que la ha desarrollado desde el inicio de su gestión, tanto en la Asamblea Constituyente, cuanto en la actual Función Legislativa.
JLVN-EG
