He sido parte de un complot político mediático, porque extrañamente una declaración en una rueda de prensa ha sido amplificada por la mayor cantidad de diarios que deforman el quehacer de la Asamblea Nacional, manifestó el Presidente de la Legislatura, Fernando Cordero.
Aseveró que ha solicitado la rectificación de dichas informaciones, amparado en el artículo 66, numeral 7 de la Constitución de la República que garantiza que una persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por los medios de comunicación tiene derecho a la correspondiente rectificación, replica y respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario.
Es un complot de un asambleísta de oposición, precandidato a la Presidencia, que no tiene partido político y está confundido en sus angustias electorales, que decide desinformar al país y lamentablemente tuvo quien le secunde, afirmó Fernando Cordero, al señalar que “a lo mejor si no se refería a mí nadie le hacía caso, entonces la estrategia fue involucrar a la Asamblea y ahora se dice que el caso aterrizó en la Asamblea Nacional”.
Aseguró que la Asamblea no escatimará acción alguna para que el tema de Cofiec y el préstamo extraño de 800 mil dólares a un extranjero quede absolutamente aclarado, por lo que, la Asamblea Nacional estará vigilante del caso. Dijo que a las autoridades de control les corresponde esclarecer este tema y si hay denuncias fundamentadas, la Legislatura no está para cubrir a nadie.
En torno a la comunicación enviada al superintendente de Bancos, Pedro Solines, informó que el funcionario solicitó el criterio de la Asamblea Nacional respecto de la prevalencia de las normas que amparan el sigilo y reserva bancarios”, en razón de “haber recibido solicitudes de varios asambleístas tendentes a obtener información de movimientos, depósitos, transferencias, de cuentas corrientes, de ahorros y tarjetas de crédito de personas cuyos actos pretenden ser investigados o fiscalizados o copias certificadas de informes de inspección y análisis practicados por esa entidad.
El Superintendente, además señala que el asambleísta Montúfar insiste en la entrega de informe de inspección al Banco Cofiec, sin precisar o fundamentar que dicha institución bancaria se encuentra sometida a un proceso investigativo iniciado por la Asamblea.
Al Superintendente no le he contestado ni lo que tiene ni lo que debe hacer, yo más bien puedo fiscalizarle. Me envió una carta le remití al asesor jurídico que revise y me prepare un compendio de leyes y le hice un oficio lacónico, anexando el informe del asesor jurídico de la Asamblea, no he dicho nada más, subrayó.
Este informe del asesor jurídico señala en esencia que el contenido del artículo 18 de la Constitución, numeral 2, establece que no existirá reserva de información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.
Agregó que en el mismo informe señala que de acuerdo con los artículos 120 numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa el asambleísta Montufar solicita copia del informe de inspección, pero que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en su artículo 90 determina que “los informes de inspección y análisis que emitan los funcionarios y empleados de la Superintendencia en el ejercicio de las funciones de control y vigilancia serán escritos y reservados…”.
Eso dice la ley, no el asesor jurídico de la Asamblea, es más, no sé por qué el Superintendente de Bancos hizo la petición a la Asamblea, pues la norma legal es absolutamente clara en el sentido que los informes son escritos y reservados y “no hay disposición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ni en la Constitución que nos permita acceder a información reservada”.
No por asambleístas podemos pedir esta información, enfatizó Fernando Cordero, al destacar que la Asamblea Nacional tiene intactas las facultades para hacer la fiscalización que quieran.
Así mismo, reveló que el asambleísta César Montúfar, en la votación de la moción por el allanamiento a la objeción del Ejecutivo a la Ley de Datos Público, votó en blanco, es decir se sumó a la mayoría, ley que protege la información confidencial de las personas, que tiene el carácter de reservado.
Por último, dio a conocer que de las 8 mil solicitudes de información que han presentado los diversos asambleístas solamente 500 ha tenido que insistir en el pedido y de esas el 20 por ciento ha terminado en el CAL durante estos tres años, ante lo cual el consejo solicitó el apoyo a las comisiones y los funcionarios que no presentaron la información en primera instancia han acudido a las comisiones y han dejado la documentación. Es un record de la Asamblea, pues toda la información requerida al sector público está en la institución, concluyó.
