El proyecto tiene como objetivo fusionar dichas empresas para que sean asumidas por otra pública o por los gobiernos autónomos descentralizados, lo que permitirá suceder sus derechos y obligaciones laborales.
La propuesta, de iniciativa del Ejecutivo, que contiene ocho artículos y seis disposiciones derogatorias, fue analizada por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en cuyo informe señala que el Pleno deberá pronunciarse por la viabilidad o posibles cambios en el texto, tomando en cuenta que no es solo derogatoria, ni extintiva de concesiones, sino que también pretende extinguir contratos y fusionar por absorción a varias empresas municipales, a favor de órganos públicos como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría Nacional del Agua.
En el debate se destacó la necesidad de buscar alternativas para evitar el archivo del proyecto y con ello viabilizar acciones que permitan atender los graves problemas de falta de agua potable que sufren esas poblaciones.
También se advirtió que en determinadas instituciones que están dedicadas a trabajar en la dotación de agua potable, han gastado su presupuesto en construir aceras y bordillos, situación que se espera corregir con estas iniciativas legales.
Los diálogos se realizarían durante una semana, aproximadamente, luego de lo cual el Pleno retomará el primer debate del proyecto.
PV