En la sesión 54, el Pleno tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, que tiene como objetivo recuperar, en beneficio del Estado, los activos de origen ilícito, así como prevenir, detectar, sancionar y erradicar estas prácticas, que generalmente están estrechamente vinculadas con el crimen organizado.
Al resaltar el trabajo desarrollado por la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, en la elaboración del informe para primer debate de este proyecto, los asambleístas centraron su análisis en la conformación de Directorio del Consejo Contra el Lavado de Activos y la necesidad de dotar a los organismos de control de las herramientas suficientes para combatir estos ilícitos, con base a las regulaciones internacionales, pero manteniendo las particularidades propias de nuestro país, a fin de procurar una efectiva sanción.
De esta manera, los diferentes sectores parlamentarios destacaron la importancia de la normativa, que permitirá combatir el lavado de activos y el financiamiento de esta clase de ilícitos, cuya incidencia no solo afecta al sistema económico, sino que deviene en conflictos sociales.
A criterio de Alianza Libertad, esta reforma tiene sentido porque facilitará el cumplimiento de dos convenios internacionales relacionados con la delincuencia organizada internacional y el establecimiento de medidas para prevenir y erradicar el terrorismo. Sugirió se incluya un artículo para eliminar los paraísos fiscales, que admiten el ingreso de ingentes recursos sin restricción alguna, puntualizando además cuáles son concretamente las actividades ilícitas que serán sancionadas en esta ley.
Respecto de la conformación del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, planteó que estén fuera de este organismo Presidente de la Corte Nacional de Justicia y el Fiscal del Estado, para garantizar la independencia de las diferentes instancias judiciales.
Mientras, el bloque del PRIAN observó que los objetivos de esta ley no solo deben ser detectar o prevenir las actividades ilícitas sino, fundamentalmente, sancionarlas; por lo cual consideraron oportuno determinar la vinculación que existe entre el lavado de activos y el financiamiento de hechos ilícitos como el terrorismo, rapto, trata de personas, extorsión, secuestro, entre otros.
Advirtió que el lavado de activos no solo genera problemas de carácter social, sino la proliferación de organizaciones delictivas fuertemente armadas, pues ahí radica la importancia de este proyecto, para sancionar drásticamente este tipo de actividades.
De su lado, la bancada de PAIS, tras destacar la forma como se llevó adelante el debate en el seno de la comisión, que permitió presentar un informe con el voto unánime de los presentes (10), enfatizó que con la propuesta no solo se penalizarán actividades producto de ilícitos, sino que ayudará para que la Superintendencia de Bancos cuente con las herramientas de control necesarias para contrarrestar estas prácticas, pues en la actual normativa, esos mecanismos resultan muy limitados.
Además, este proyecto contribuirá a que el país cumpla con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el sentido de que condenar el lavado de activos y brindar las herramientas legales para la confiscación de los dineros utilizados, evitar el financiamiento del terrorismo, manteniendo las particularidades de nuestro país.
Consideraron conveniente el cambio de nombre de la normativa por “Ley de prevención y detención del lavado de activos y del financiamiento de actividades ilícitas”, con el propósito de ampliar su ámbito de acción y establecer los controles adecuados que para erradicar conductas del lavado de dinero, en procura de mejorar la imagen internacional de nuestro país, ya que nos sumamos a la prevención de la lucha contra el crimen organizado.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, clausuró el debate de este tema, luego de agotar las intervenciones de los asambleístas inscritos, a la vez que recordó que los parlamentarios tienen tres días para presentar sus observaciones, mismas que deberán ser analizadas por la Comisión de Régimen Económico, para preparar el Informe previo al segundo debate.
JLVN/eg
