En la sede legislativa, la asambleísta Dora Aguirre, representante por la jurisdicción de Europa, Asia y Oceanía, en compañía de su alterno Leonardo Ortiz, presentó un amplio informe de las actividades desarrolladas en el año 2014.
En el evento intervinieron representantes de varias organizaciones sociales, de la Defensoría del Pueblo, el parlamentario Gerardo Andrango, el excónsul Fidel Chiriboga. Además, los compatriotas que residen en Estocolmo, Málaga y Palma compartieron este acto, a través de un enlace vía videoconferencia, donde también estuvieron presentes el embajador del Ecuador acreditado en Suecia, Mario Guerrero y algunos cónsules.
Leonardo Ortiz formuló un saludo fraterno y solidario a la población migrante ecuatoriana, al recordar que laboró en Génova, Italia, por más de 10 años, tras precisar que redoblarán esfuerzos para que cuando la gente retorne al país encuentre mejores oportunidades de vida.
Entre tanto, la asambleísta Dora Aguirre destacó que en las 15 leyes aprobadas por la Asamblea se reconocen y garantizan los derechos de plena inclusión de la población migrante, considerada como un grupo prioritario, mediante la implementación de efectivas políticas públicas para el sector. Así, en el Código Financiero y Monetario se determinó el acceso a créditos de la economía popular y asesoramiento técnico para el acompañamiento a los emprendimientos productivos.
También, las cuatro universidades emblemáticas abren las puertas para que los compatriotas que residen en el exterior puedan participar en concursos, en igualdad de condiciones con el resto de la comunidad, para obtener becas de estudio, dijo al resaltar la importancia de la Ley del Consejo Nacional para la Igualdad y las reformas a la seguridad social para hacer realidad su universalización.
Impostergable
Dora Aguirre comentó que la actual Ley de Migración y Extranjería data de 1970, es caduca y no guarda armonía con la Constitución, por tanto, es una necesidad impostergable sacar adelante la nueva Ley de Movilidad Humana, que genera toda una institucionalidad para atender los problemas e inquietudes de los ciudadanos en situación de movilidad (migración, refugio, inmigración, retornados, trata de personas, maltrato, racismo, etc.). Define la política pública específica para este grupo social y las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en territorio local al respecto.
Anunció que la asesoría jurídica de la Presidencia de La República y el Ministerio de Relaciones Exteriores hacen algunos ajustes al borrador del proyecto para luego remitirlo a la Asamblea Nacional, el cual responde a una acción coordinada del Ejecutivo, Legislativo, organismos internacionales y los propios actores que discutieron la temática en muchos talleres, seminarios, conversatorios.
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