La asambleísta Linda Machuca propuso que en el proyecto de Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar se incluya un articulado específico para las personas retornadas.
Recordó que la mencionada ley busca garantizar y asegurar la estabilidad laboral de los trabajadores, alcanzar la equidad a través de límites a brechas remunerativas, democratizar la representación laboral y permitir el acceso a la Seguridad Social a las personas a cargo del trabajo no remunerado del hogar. “Avanzamos hacia la seguridad social universal” manifestó.
Señaló que según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las mujeres dedican en promedio 32 horas semanales al trabajo no remunerado (actividades domésticas y cuidado de personas) y que en el trabajo no remunerado, la principal tarea a la que dedican el mayor tiempo son las actividades domésticas a las que las mujeres designan 24 horas semanales frente a las 6 que le dedican los hombres.
Asimismo, indicó que para junio de 2014, el 84,6% de trabajadoras del hogar no tenía ningún seguro y solo el 14,9% tiene afiliación al IESS. “Este es un dato que debe presentar sin duda una alarma”, aseveró, al indicar que por esta razón se propone incorporar a 1'500.000 personas, de las que alrededor de 400 000 son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano y se encuentran en extrema pobreza y vulnerabilidad.
La asambleísta resaltó que es deber del Estado estimular el retorno voluntario e impulsar el pleno empleo. Además planteó la necesidad de dar respuesta a la situación de las personas retornadas.
En tal virtud, propuso que al final del artículo 42 del Código del Trabajo se incorpore el número 36, que dirá: “La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas migrantes retornadas, en labores permanentes de acuerdo a sus conocimientos, experticia y aptitudes individuales, procurando el principio de equidad de género. Las personas retornadas deberán estar registradas en el ministerio rector de la movilidad humana, el que compartirá esos datos con el ministerio rector del trabajo”.
Finalmente, Linda Machuca destacó que desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana se trabaja para realizar propuestas conjuntas en función de las personas migrantes.
