La representante de los migrantes por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre, presentó al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, el proyecto de resolución que condena la actuación ilícita e ilegal de la Empresa “Air Comet”, en contra de los ecuatorianos y de hermanos latinoamericanos afectados por el cierre de la empresa.
Tras presentar su solidaridad con los compatriotas perjudicados, propuso que la Función Judicial investigue el caso e inicie el proceso legal para determinar las responsabilidades de los perjuicio causados como consecuencia de la actuación ilegal de la empresa previo a la declaratoria de quiebra y luego de la intervención por parte de las autoridades de España.
Exhortó al Ministerio Público que investigue de manera urgente la actuación de esta empresa en el Ecuador, así como la responsabilidad de los entes de vigilancia y control.
A sí mismo demandó del gobierno de España atender los requerimientos realizados por el Ecuador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de reparar los derechos vulnerados de las personas afectadas por la quiebra de la aerolínea.
Respaldó el proceso que realiza el Comité de Crisis, constituido por instituciones del Estado a favor de los perjudicados por esta empresa y que aún no pueden realizar su viaje de retorno.
La asambleísta Aguirre manifestó que son más de dos mil ecuatorianos que se encuentran perjudicados, por la adquisición de boletos en “Air Comet” y que de ellos algunos se han visto obligados a comprar sus tickets en otras aerolíneas para poder viajar e incorporarse a sus trabajos, pero aún muchos permanecen en el Ecuador, pues no tienen capacidad económica de comprar otro boleto por los costos elevados.
Indicó que se ha constituido un Comité de Crisis, con la participación de representantes de varias instituciones del Estado, el mismo que ha logrado ayudar a enfrentar la situación de los ecuatorianos migrantes, pero que aún quedan varias acciones que deberán ser consideradas para salvaguardar los derechos, garantías y patrimonio de los ecuatorianos perjudicados.
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