A propósito del primer debate del proyecto de reformas al Código de Organización Territorial, Cootad, la asambleísta María Molina (MPD) presentó varias observaciones al respecto, a fin de enriquecer el documento para beneficio del país.
“He reiterado la importancia de la racionalidad legislativa como un instrumento esencial para producir leyes eficientes, sustentadas en el correspondiente marco constitucional e información objetiva que garanticen la correspondencia con la realidad social, y, por tanto, su estabilidad temporal”, dijo.
Destacó que es imprescindible reformar el Cootad, pues en los dos años de su vigencia se ha detectado ciertas falencias, en aspectos como las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, las transferencias de recursos para la ejecución de obras, la necesidad de dar atención preferente a las zonas de frontera, la corresponsabilidad para la ejecución de obras de alcantarillado, agua potable, aceras, materia tributaria y el destino de las tasas en los cobros por concepto de alumbrado público, entre otros.
Advirtió que en materia tributaria, el Código afecta a las zonas rurales, cuyos pobladores son los que producen el 70% de los alimentos del país, al tiempo que recordó que el artículo 281 de la Constitución fija como responsabilidad del Estado adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de alimentos.
En ese sentido, expresó, debe establecerse un mecanismo de incentivo para el sector rural que destina sus tierras al cultivo de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria del país, sin que dicha medida beneficie a latifundistas y concentradores de tierras.
Por último, María Molina, representante de la provincia de Cañar, reiteró los principios constitucionales atinentes a la paridad de género, mismos que deben ser respetados al momento de elegir a las personas que ocuparán las vicepresidencias de los gobiernos autónomos.
