La asambleísta Mary Verduga participó, en representación de la Asamblea Nacional, en el III Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Rurales (ENLAC), que se realizó en la ciudad de Santo Domingo, en la que se analizó la situación específica que viven las mujeres rurales en relación a la tierra, agua, violencia, derechos y comunicación.
En este encuentro las representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay, que conforman la REDLAC, así como la representación de mujeres rurales de Guinea Bissau, firmaron una declaración que contiene 16 puntos relacionados con la necesidad de implementar políticas de mitigación y adaptación al cambio climático con programas y proyectos con financiamiento que incorporen las demandas de las mujeres rurales.
También se refiere a la necesidad de asegurar la tierra para la producción de alimentos, preservándola de la concentración en pocas manos; el agua para riego y el consumo humano; la aprobación de políticas nacionales de reforma agraria equitativa para el desarrollo del agro que garanticen la tenencia no solo de la capa arable de la tierra, sino también del subsuelo; el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales mediante políticas públicas para la efectiva participación en los espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones.
Así mismo, políticas para la creación, fortalecimiento y recuperación de los mercados rurales locales, regionales y nacionales con énfasis en la producción orgánica y de la economía solidaria; recuperación y conservación de forestales y semillas nativas; garantizar el sistema de acceso y atención oportuna al aseguramiento social campesino de las mujeres rurales; generar estadísticas oficiales con enfoque de género sobre su situación; asignar un presupuesto público para la lucha contra la violencia a este sector.
También promover programas de acceso al crédito flexible para impulsar la producción, comercialización y garantizar la soberanía alimentaria; el acceso universal y capacitación en tecnologías de la información y comunicación; establecer marcos normativos que sancionen la comunicación sexista y el uso de la imagen de las mujeres rurales como un objeto, entre otros.
En el documento se señala que las mujeres rurales viven un estado de postergación por la pobreza de ingresos económicos y oportunidades políticas y sociales, pero a la vez, reconocen que su espacio de vida es infinitamente rico en redes de solidaridad, recursos naturales, tradiciones y biodiversidad que tienen valor y están decididas a defenderlos.
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