En dos jornadas de trabajo los asambleístas expusieron sus propuestas y observaciones en torno al proyecto de Ley de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal. Intervinieron 22 legisladores.
Los temas que generaron mayor atención fueron: eliminar el 12% del Impuesto al Valor Agregado a la adquisición de cocinas de inducción; impulso a los sectores productivos de las micro, pequeñas medianas empresas y de la economía popular y solidaria; la inserción de estas empresas en la economía mundial; límites a los tributos a los ecuatorianos que tienen pequeñas inversiones societarias; y, estabilidad jurídica que garantice al inversionista su capital.
Dijeron que a través de la propuesta se da impulso a las inversiones tecnológicas, a la matriz productiva y los mecanismos que eviten la evasión fiscal; solicitaron la exoneración del impuesto a la renta para el emprendimiento de personas retornadas; destacaron que a través de la normativa se determinan incentivos para distintos sectores productivos, con ciertos requisitos; la devolución del IVA para personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otros aspectos.
En la sesión vespertina el legislador Óscar Ledesma resaltó que en el cuerpo legal se involucran incentivos a comunas y organizaciones de economía popular, en la reforestación y forestación, mientras que la legisladora Yolanda Chamorro recordó que el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo y ponderó la devolución del IVA a las personas de tercera edad.
La asambleísta María Cristina Kronfle precisó que la devolución del IVA a personas con discapacidad es un justo derecho, a la vez que manifestó estar en desacuerdo con la ley en lo que se refiere a las personas con discapacidad; mientras que la parlamentaria Verónica Guevara dijo que la ley fomenta la producción, la competitividad y el empleo.
Entre tanto, el legislador Virgilio Hernández aclaró que de ninguna manera la ley pretende castigar a pequeños inversionistas. Lo que se busca es crear incentivos para todos los niveles: micro, pequeñas y medianas empresas y de la economía popular y solidaria, así como para el sector bananero, es decir, se plantea beneficiar a los productores, pero obviamente, en el marco de lo que es la situación del país, de tal forma que no se puede tener una actitud insolidaria de plantear incentivos que busquen beneficiar a las personas que tienen mayor renta, sacrificando al conjunto del país.
Respecto a las personas adultas mayores y personas con discapacidad indicó que todo aquello que sea de uso personal se devolverá el IVA, pero -por ejemplo- si alguien compra 50 computadoras, ya no es de uso personal, por tanto, en la propuesta se determinan mecanismos para evitar su mal uso.
En cambio, la parlamentaria Mariangel Muñoz argumentó sobre la regulación de la devolución del IVA para las personas de la tercera edad.
Carlos Viteri dijo que el proyecto busca la disminución de las brechas de desigualdad, por lo que se mejorará las condiciones de vida de los ecuatorianos y en este marco se busca reglas claras para la aplicabilidad de los incentivos a los sectores productivos que por muchos años han estado olvidados. El cambio de matriz productiva se hace mediante mecanismos responsables, donde se incentiva la producción forestal con fines sustentables y comerciales. El proyecto tiene como objetivo aumentar la producción, la inversión, el empleo, la competitividad, facilitar el cumplimiento tributario, agregó Carlos Viteri.
René Yandún manifestó que es indispensable la existencia de esta ley, pero generando incentivos con ciertos requisitos, al precisar que es necesaria la seguridad jurídica porque al no existir la misma se perjudica la inversión nacional en nuestro país.
El asambleísta Fernando Bustamante destacó el trabajo desarrollado por la Comisión de Régimen Económico, en materia de evasión fiscal, pero que es importante establecer con claridad lo que se determina en cuanto a la elusión fiscal y fraude fiscal; la legisladora María Augusta Calle dijo estar de acuerdo con la propuesta de la asambleísta Linda Machuca de establecer exoneración tributaria a los capitales de migrantes, por dos años con ciertos límites.
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