Asambleístas de diversas regiones del país expresaron su inconformidad con el contenido de las resoluciones adoptadas por la Sociedad Interamericana respecto del Ecuador por considerar que se trata de una intromisión en las decisiones del Estado ecuatoriano y en especial en las decisiones legislativas de la Asamblea Nacional adoptadas en ejercicio de las competencias que le otorgan la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y como legítimos representantes de la soberanía popular.
La Asamblea General de la SIP, entre otros aspectos, demandó la derogatoria de la Ley Orgánica de Comunicación.
El ex presidente de la Comisión de Comunicación, Mauro Andino, defendió la aprobación de la Ley de Comunicación y enfatizó que la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión de la familia ecuatoriana. Ley de Comunicación supera las inconstitucionales e injustas reglas sobre el control de medios, aseveró.
Indicó que de los 1149 medios de comunicación registrados en el país, solo 25 han sido sancionados, es decir el 2%.
Mientras que Luis Fernando Torres dijo que la SIP es una minúscula ONG en el mundo internacional, pero no tiene condición de gobierno. Advierte que la resolución de la Asamblea Nacional puede convertirse en una condecoración para la SIP.
Por su parte la legisladora Soledad Vela precisó que la SIP no defiende la comunicación viva o soberana, sino el interés de la oligarquía, mientras que Fabián Solano expuso que “la historia de la SIP es historia de golpes de Estado contra gobiernos democráticos y constitucionales”.
En tanto, Cristina Reyes comentó que se debería desvirtuar los comentarios de la SIP y que la resolución es innecesaria.
Fausto Terán se refirió al principio de la democratización de la comunicación en el país. Destacó la redistribución de las frecuencias a favor de medios públicos, comunitarios y privados.
Por su lado la legisladora María Augusta Calle expresó que “el problema es que la SIP está perdiendo elecciones en América Latina y el Caribe, por ello se atreven impertinentemente a exigir al gobierno del Ecuador elimine una ley que constituye un mandato de la Constitución del Ecuador y del pueblo”.
Dijo que la resolución debe alertar a América Latina de lo que está pasando con los medios mediáticos y no hay que darle la importancia que se le daría con la resolución. La Ley de Comunicación preserva derechos de hombres y mujeres, no de medios; prohíbe la censura previa, aseguró
A su vez, Eduardo Zambrano elevó su protesta y calificó de insolente la pretensión de la SIP de intervenir en las decisiones del gobierno ecuatoriano y sobre todo de la Asamblea Nacional, al pedir la derogatoria de la Ley de Comunicación, a la vez que afirmó que son incontables los episodios políticos y golpes en que ha estado involucrada la SIP.
Cinthia Viteri subrayó que los ecuatorianos tienen derecho a hablar sobre la libertad de expresión en el país. Tenemos la obligación de hablar de este tema todos los días, agregó.
Verónica Guevara rechazó los informes de la SIP, argumentando que carecen de legitimidad y objetividad y por irrespetar el ordenamiento jurídico. Tenemos que expresar de manera firme la defensa de la soberanía, dijo por su parte Armando Aguilar.
Lourdes Tibán subrayó que las decisiones de la SIP no son vinculantes. Indicó que el tema abre el debate al interior del país y que hace falta información pública interna, pues a su criterio no se puede investigar casos de corrupción.
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