Asambleístas de diversas agrupaciones políticas formularon múltiples aportes a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con la finalidad de mejorar el texto del proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, entre ellos la necesidad de incentivar la economía mixta de producción; establecer en la normativa la prohibición de confiscación de productos; la participación de los comerciantes minoristas en los gobiernos autónomos, a través de la silla vacía; y, que el productor agrario tenga relación directa con el consumidor para evitar la intermediación de productos, ya que los encarece.
Destacaron los beneficios del proyecto, que contribuye a dinamizar la economía del país, tomando en cuenta que la economía popular y solidaria genera riqueza y tiene un peso muy importante en la economía, pues genera el 60% de empleo a nivel nacional.
Resaltaron que es necesario establecer que, al menos, el 5% de los beneficios que genere este sector sea utilizado directamente para beneficio de la comunidad; limitar la gestión de administradores y gerentes, a fin de no darles excesivas atribuciones. En lo referente a la pérdida de calidad de socios, se debe incluir un literal que reconozca el incumplimiento de compromisos económicos y la inasistencia a reuniones asociativas como causales.
Solicitaron facultar con voto dirimente a los presidentes de las organizaciones asociativas, para evitar que los reiterados empates entrampen la toma de decisiones; que en los procesos de disolución de empresas se establezca un previo proceso de regularización y, de manera inmediata, convocar a nuevas elecciones. Sugirieron, además, se incluya en el ámbito de la Ley a las organizaciones socioeconómicas y cooperativas de transporte, así como al comercio minorista, al sector artesanal, comunitario, empresas familiares o domésticas, para que se puedan generar fuentes de trabajo.
Al referirse a las actividades financieras, recordaron establecer formas y mecanismos de pago para que las cooperativas puedan emitir cheques y que la Superintendencia de Bancos determine su regulación. Insistieron en los incentivos para quienes conforman la economía popular y solidaria, a la vez que pidieron normar y regular la agricultura familiar, a fin de fomentar el trabajo productivo.
Defendieron que los gobiernos autónomos descentralizados sean parte del comité interinstitucional que regulará al sector, con el propósito de fomentar las actividades productivas regionales, la soberanía alimentaria regional y promover el desarrollo sustentable conforme mandato constitucional.
A criterio de varios legisladores, el proyecto debe ajustarse a la normativa constitucional, así como al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con base en sus competencias específicas, dado que no se puede eximir a los dichos organismos de la gestión de la economía popular y solidaria.
Pidieron incluir en la normativa a las cajas y bancos comunitarios, en vista de que los servicios que prestan son de vital importancia para los socios, como por ejemplo los préstamos a bajo interés.
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