Los asambleístas representantes de las provincias del Azuay, Cañar y Morona Santiago: María Molina, Raúl Abad, Betowen Chica, Mariángel Muñoz, Jaime Abril, Eduardo Encalada, Fernando Aguirre y Fernando Romo, conjuntamente con el prefecto del Cañar, Santiago Correa, alcaldes y autoridades de la región, respaldaron la decisión de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, de no hacer reformas a la Ley 047 en el Código de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COTAD) a la vez que anunciaron su decisión de estar vigilantes a que no se menoscaben los intereses de estas jurisdicciones.El prefecto del Cañar, Santiago Correa, al manifestar su preocupación por la pretendida reforma de la Ley 047, señaló que no están en contra de que se incrementen las rentas de los municipios de la provincia de Chimborazo, pero que se lo haga por la vía legal, jurídica, financiera y sobre todo, sin afectar las rentas que reciben los 34 gobiernos municipales de la región.
Indicó que esta posición se fundamenta en la disposición vigésimo octava de la Constitución que señala que se mantendrán las rentas correspondientes a la Ley 010 en beneficio de los gobiernos descentralizados de la región amazónica y la Ley 047 en beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua.
Dijo que la pretensión de colocar en el informe para segundo debate una transitoria en reemplazo de la disposición transitoria 16 del proyecto del COTAD, en donde se incluye la participación de Chimborazo en las rentas generadas por la venta de energía que se produzca en las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán es inconstitucional, porque viola el precepto de la transitoria vigésimo octava de la Constitución, que establece cuáles son las provincias que se benefician de las rentas por concepto de la Ley 047.
Advirtió que los asambleístas están comprometidos a impulsar una reforma a la Ley 047 para incorporar otras centrales como Mazar y San Francisco e incluir entre los beneficiarios a la provincia de Chimborazo.
Por su parte María Molina dijo que como asambleístas han presentado argumentos jurídicos, históricos, geográficos para sustentar la aprobación de la Ley 047 y a la forma como se distribuyen los recursos.
“Aspiramos la racionalidad, que no se imponga la presión política, de grupos, ni de sectores, que no haya confrontación entre hermanos ecuatorianos”, manifestó, al subrayar que están plenamente de acuerdo con que se mejoren los presupuestos de los cantones y que la solución está en el Código de Organización Territorial, para vencer la postergación.
Recordó que según este proyecto, para el cálculo de las rentas que les corresponde a las diversas jurisdicciones se consideran parámetros como los índices de la pobreza y las necesidades insatisfechas. Esa es la solución que nos permitirá asignar los recursos con equidad e igualdad, enfatizó.
Jaime Abril, tras ratificar su respaldo a la plena vigencia de la Ley 047, manifestó que no está de acuerdo con el anunciado paro del Chimborazo, pues no es posible alterar la estabilidad que tiene el país.
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