El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, de iniciativa del asambleísta Andrés Páez, a través del cual se busca garantizar una efectiva aplicación del principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción y lograr un adecuado desarrollo del proceso penal en delitos cometidos en el Parque Nacional Galápagos y en la Reserva Marina de dicha provincia.
La presidenta de la Comsión de Biodiversidad, Rosana Alvarado, recordó que existe un mandato constitucional de expedir la respectiva Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, que se ajuste a los contenidos de la Constitución, según los principios de fundamentación y derivación. Dicha nueva ley o reforma integral ya se está tramitando en la Comisión de Gobiernos Autónomos, razón por la cual el tratamiento del presente proyecto de reformas significa duplicar la labor legislativa.
Bajo estos argumentos, los integrantes del organismo legislativo, con nueve votos afirmativos y una abstención, sugirió al Pleno el archivo del proyecto de Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, porque el ámbito de la reforma, preciso y limitado a las infracciones penales contenidas en la Ley se presenta como insuficiente y aislado, pues los importantes, graves y complejos problemas que enfrenta la provincia de Galápagos superan el ámbito de la criminalización de conductas.
Sin embargo, no se puede dejar de lado las importantes objeciones que se han presentado, por las implicaciones tanto sociales como jurídicas que tendría que dar paso a una ampliación del poder punitivo del Estado, dijo Rosana Alvarado, al especificar que la Constitución, según lo dispuesto en los artículos 242 y 258, en concordancia con el numeral 9 de la Primera Disposición Transitoria, manda que la Asamblea apruebe la respectiva Ley que regule el régimen especial de la provincia de Galápagos, así como su gobierno de régimen Especial.
Hay que tomar en cuenta, añadió, que el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), reconoce las disposiciones constitucionales y determina que la provincia de Galápagos tendrá un régimen especial de gobierno, para lo cual contará con un Consejo; y, hasta que se expida la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos determina la integración de dicho Consejo, sus atribuciones y Secretaría Técnica.
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