Más de una treintena de asambleístas participaron con sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuyo debate se centró en temas como la consulta previa para pueblos y nacionalidades sobre explotación de recursos; la silla vacía con voz y voto, que debe ir acompañada de la responsabilidad civil y penal por sus actos; la creación de los consejos de igualdad; y, el presupuesto participativo.
Así mismo, hubo criterios respecto a la necesidad de establecer con claridad lo relativo al ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios. Al hablar de las instancias denominadas consejos, manifestaron que debe considerarse el carácter plurinacional y pluricultural del Estado ecuatoriano, de manera que éstos sean incluyentes.
El proyecto de ley que contiene 96 artículos, una disposición general y una final; incentiva el conjunto de dinámicas de organización, participación y control social, que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular.
La ley busca, entre otros objetivos, regular, propiciar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de los ciudadanos, la organización colectiva autónoma y la licencia de formas de gestión pública sobre el concurso de la ciudadanía, constituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado y la sociedad y sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.
El cuerpo legal garantiza la democratización de las relaciones entre la ciudadanía, el Estado y los diferentes niveles de gobierno, la igualdad de oportunidades de participación de los diferentes estratos sociales pueblos y nacionalidades en los diversos espacios e instancias creados por la interlocución entre la sociedad y el Estado; así como el acceso de la ciudadanía a la información necesaria, para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los derechos.
Consulta popular
En caso de que una iniciativa popular normativa fuese rechazada por la Asamblea u órgano competente, la comisión promotora podrá solicitar la convocatoria a consulta popular. El Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana garantizarán en el acceso de la dicha comisión a los medios de comunicación social para la defensa y el debate público de su iniciativa.
Establece que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular, sobre cualquier asunto. Las consultas populares solicitadas por los gobiernos autónomos descentralizados o por la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a atributos o a la organización político administrativa del país.
Prevé que los electores podrán revocar el mandato de las autoridades de elección popular. La solicitud solo podrá presentarse una vez cumplido el primer año del período para el cual fue electa la autoridad cuestionada.
Transparencia
Igualmente, señala que los órganos que conforman las distintas funciones del Estado establecerán mecanismos para garantizar la transparencia de sus acciones, la elaboración participativa de sus normas internas, así como planes y programas que faciliten la participación activa de la ciudadanía en su gestión.
Los ciudadanos, de manera individual o colectiva, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control social a la actuación de los órganos y autoridades de todas las funciones del Estado y los diferentes niveles de gobierno, conforme lo señala la Constitución.
El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Luis Morales, planteó que se suspenda la votación para que el organismo tenga un tiempo suficiente para acoger y sistematizar las propuestas que se formularon en este debate y plantear un texto de consenso, hecho que fue respaldado por otras organizaciones partidistas.
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