Con 86 asambleístas presentes, a las 15:45, se reinstaló la sesión 136 del Pleno, en la cual asambleístas de distintas bancadas políticas manifestaron sus posiciones respecto al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, pues comparten la necesidad de contar con una normativa que reemplace a la actual Ley de Radiodifusión y Televisión, misma que contiene una serie de sanciones que son discrecionales, muy generales y se prestan para acciones arbitrarias.
Remarcaron que la consulta popular se convocó sin decirle al país ni cómo se pretendía configurar el Consejo de Regulación, ni qué facultades tendría, por tanto, esa decisión le corresponde a los asambleístas, con toda libertad y de conformidad con lo establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, porque esta es una ley que se refiere a los derechos y libertades individuales.
Uno de los aspectos en los que coincidieron fue el relativo a la responsabilidad ulterior, considerando que ese es un tema eminentemente judicial, por lo que no puede existir ninguna facultad administrativa en manos de otro órgano.
Tras condenar los excesos en que pueden incurrir y han incurrido determinados medios privados, sin que sean exclusivamente ellos los que no permiten el ejercicio del derecho a la réplica, por responder a una agenda política propia, destacaron que sería importante también repensar el rol que cumplen los medios públicos, que no deben ser confundidos con medios gubernamentales.
Señalaron, además, que esta ley es más avanzada que las anteriores y contiene presupuestos que han resueltos, como la conformación de los directorios de los medios públicos y se han incorporados importantes disposiciones en materia de publicidad y propaganda.
En cuanto al Consejo de Regulación, expusieron que el espacio público representa al ciudadano, por lo que al hablar de este organismo se debe considerar su naturaleza e integración.
Expresaron que la verdadera justicia es aquella que va disfrazada de justicia, por lo que se quiere obligar a la Asamblea aprobar una ley mordaza con amplios poderes del gobernante de turno, acallar a los periodistas para que no puedan demostrar las falencias y la corrupción de este gobierno.
También se destacó que existen acuerdos en el 70% del proyecto y que se quiere una norma jurídica que garantice la libertad de expresión en el país.
Sostuvieron que se debe fortalecer el trabajo de los medios de comunicación comunitario. Sugirieron que conste el derecho a la réplica a las cadenas nacionales; que exista una transitoria respecto a los medios incautados y que es necesario debatir e manera amplia, para incorporar aportes desde los diversos actores de la comunicación.
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