Durante el debate sobre el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, CJ, asambleístas de diversas tendencias destacaron la importancia de la fiscalización, como un mecanismo de rendición de cuentas ante la ciudadanía, por parte de los funcionarios de Estado, en este caso los miembros del órgano de gobierno de la Función Legislativa.
En la continuación de la sesión 102 del Pleno, los parlamentarios resaltaron que en el desarrollo de este proceso se respetó el derecho a la defensa de cada uno de los encausados, hecho que fue corroborado por la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Silvia Salgado, quien defendió lo actuado por el organismo en la fase de sustanciación, puesto que se cumplieron todas solemnidades y los pasos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de ahí que mediante informe motivado recomendó al Pleno la continuación del juicio político a los integrantes del CJ.
Las denuncias presentadas durante este proceso fueron claras y precisas, por ello, la Asamblea se enfrenta al desafío de hacer un juicio político histórico, ya que en el mismo se develaron aspectos relacionados con la corrupción, tráfico de influencias, gestión deficiente, préstamos en condiciones irregulares, conflicto de intereses e impunidad, lo cual permite ver la necesidad de censurar a los vocales de este organismo, porque no han sido capaces de cumplir y asumir el mandato de la sociedad, en el sentido de que exista una justicia transparente, oportuna y eficaz, señalaron varios de los asambleístas.
Según precisaron, a pesar de que existen miles de juicios represados, no hubo voluntad del Consejo para crear juzgados y despachar con agilidad esas causas. “Cada uno de los parlamentarios tendrá que analizar detenidamente las pruebas de cargo y descargo para tomar una decisión coherente con las pruebas aportadas y sus conciencias”, enfatizaron.
Mientras, otros consideraron que faltaron argumentos para determinar la culpabilidad de los vocales del Consejo de la Judicatura, más si la mayoría de acusaciones se referían al titular del organismo y a uno de sus vocales, en particular. Por ello, para evitar injusticias, la votación debería ser por cada uno de los vocales y no en conjunto, subrayaron.
En el debate, manifestaron también que para no contaminar la fiscalización que lleva adelante la Asamblea con la consulta popular prevista para este sábado 7 de mayo, en la cual la ciudadanía deberá responder dos preguntas relacionadas con la justicia, este proceso de juicio político debe ser resuelto con posterioridad al proceso electoral. Estamos conscientes de que existen muchas falencias en la administración de justicia y que los miembros de este Consejo tienen su parte de responsabilidad, pues, no podemos ponernos una venda en los ojos para tapar esta verdad, sino aupar esfuerzos para lograr una verdadera justicia”, dijeron.
Tras la intervención de una veintena de asambleístas, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero Cueva, suspendió la sesión hasta las 15:15.
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