En el segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, parlamentarios de distintas bancadas coincidieron que es fundamental aprobar el Código Orgánico Integral Penal, en razón de que la normativa legal vigente presenta vacíos y no está adaptada a los requerimientos presentes de una justicia oportuna y de calidad.
La primera vicepresidenta, en ejercicio de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, recordó que en esta jornada de trabajo se analizarán los Libros: Preliminar, I y II, según la propuesta del presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Mauro Andino.
El asambleísta Antonio Posso señaló que el problema de la delincuencia, la inseguridad y la violencia preocupa a la sociedad ecuatoriana y tiene que ver directamente con la pobreza que existe en el país. Dijo que el artículo 76 de la Constitución establece la necesaria proporcionalidad entre la infracción y la sanción penal, pero hoy se busca incrementar las penas pensando que es la solución para reducir la delincuencia. Los males de la sociedad no se solucionan incrementado las penas sino mediante una nueva arquitectura social con valores éticos y con una educación en la prevención antes que pensar en el castigo, subrayó.
El legislador Ramiro Aguilar precisó que se debe eliminar del Código el artículo 148, referente al aborto no punible. Considera que tiene sentido que una mujer que ha sido víctima de una violación pueda decidir un aborto.
De su lado, la legisladora María José Carrión al señalar que no comparte la sanción relativa al homicidio culposo por la mala práctica profesional, planteó modificar el artículo 145 del Código que diga que la persona que de manera grave, transgreda un deber objetivo de cuidado en el ejercicio de su profesión, y ocasione la muerte de una persona, sea sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, y una vez cumplida la condena, quedará inhabilitado para el ejercicio de la profesión, durante el tiempo equivalente a la mitad de la condena. Igualmente pidió incluir luego del primer inciso del artículo 151 que no será punible la lesión causada por un profesional de la salud, siempre que actúe en virtud del principio de necesidad, que precautele el bien jurídico superior de la vida.
Magaly Orellana, pidió al organismo legislativo definir con claridad el concepto de terrorismo, tomando en cuenta que es muy amplio y abierto el artículo 367 respecto de este tema, pues la sedición y rebelión, que era una figura de militares y policías, ahora se pone para personas naturales y sociedad. Al referirse al delito de la calumnia e injuria expresó que a través de las redes sociales se conoce de hechos que no se publican en los medios de comunicación y se quiere resquebrajar la libertad de pensamiento sancionando a quienes utilizan este medio para informar.
Por su parte, Fausto Terán al reflexionar sobre el caso de una mujer que es violada y que destruyen su vida dijo que se le quiere obligar a seguir con el embarazo. En cuanto al artículo 140 referente al homicidio culposo subrayó que el 64% de delitos de femicidio se cometen contra la mujer por su pareja o expareja.
Angel Rivero propuso penalizar a los empleadores que atentan contra el derecho al trabajo y despiden masivamente a los empleados que quieren organizarse, argumentando que se violenta el derecho al trabajo y se atenta contra la vida de la familia.
El asambleísta Andrés Páez, cuestionó la disposición que quitaría la representación legal de la Función Judicial al Presidente de la Corte Nacional de Justicia: Aseguró que no se puede estigmatizar en el Código a un médico como que intencionalmente pretende dañar al paciente, pues todo médico busca salvar a su paciente. Pidió revisar también lo que señala el artículo 40 en lo que tiene que ver con la extensión de responsabilidad en los delitos contra la propiedad. No es lo apropiado que no haya responsabilidad cuando los delitos se cometen entre parientes, subrayó.
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