Asambleístas destacan la necesidad de trabajar en la educación para bajar el consumo del tabaco

Martes, 07 de junio del 2011 - 18:55 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

En el segundo debate del proyecto de Ley que Regula y Controla el Tabaco, 11 asambleístas, de distintas bancadas legislativas, coincidieron en la necesidad de regular su consumo a través de una normativa que ampare a los ciudadanos en su derecho a la salud, así como el cuidado al medio ambiente.

 

Resaltaron que la ley debe tener un enfoque de derechos; la protección a niños, niñas y adolescentes; una mayor conciencia de los adultos fumadores con los daños que causa este producto y crea hábitos en las personas; la necesidad de trabajar en el ámbito educativo para la prevención de su consumo; y, a la vez, rechazaron la utilización de la mujer para atrapar la compra o venta de este producto.

Señalaron que los derechos de libertad del fumador terminan donde comienzan los derechos de la salud, que urge una capacitación a todo nivel, a fin de crear una cultura real del buen vivir, tomando en cuenta que la fase preventiva es la clave para concienciar a la población.

Precisaron que los profesionales especialistas deben llevar adelante los planes educativos; y, que los sicólogos y otros grupos competitivos incentiven la cultura contra los efectos del tabaco, tanto en las aulas escolares como en las empresas. Se debe promover el conocimiento de las disposiciones del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco.

Además, algunos sectores políticos subrayaron que no es conveniente prohibir el patrocinio de las empresas tabacaleras en los distintos eventos, sino sus publicaciones y consumo del cigarrillo.

Hay que desincentivar el consumo de este producto, sobre todo en niños, niñas y adolescentes, por ello, el Estado debe establecer políticas públicas que lleven a este objetivo, que es defender la salud pública.

El proyecto, que contiene 42 artículos, cinco disposiciones generales, tres derogatorias, siete disposiciones transitorias y una final, prevé responsabilidades del Estado; de la educación para la prevención; prohibiciones y restricciones para la venta, consumo y patrocinio; espacios libres de humo; participación ciudadana y la acción pública; régimen de sanciones administrativas, entre otros.


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