Una inmediata reacción de las diferentes bancadas generó una publicación realizada este 19 de enero en la página 12 del Diario El Comercio con la responsabilidad de 59 personas entre fiscales provinciales, directores nacionales, asesores y funcionarios de la Fiscalía General del Estado quienes asumen una posición sobre el accidente de tránsito en el que falleció la ciudadana Natalia Emma Bedoya, por lo que pidieron al Fiscal Washington Pesántez se acoja a una licencia hasta que se aclare el caso.María Paula Romo (PAIS) expresó su preocupación por la publicación, argumentando que afecta la imparcialidad que debe tener la Fiscalía para investigar un caso “con cabeza fría y sin espirítu de cuerpo” y que estos pronunciamientos anticipados en una causa están prohibidos por el artículo 103 del Código Orgánico de la Función Judicial.
La publicación constituye una forma de interferir en la administración de justicia, quién va a garantizar justicia a los familiares de una persona que murió cuando ya los fiscales se adelantan con su opinión, lo cual es cual es una interferencia en el sistema de justicia, advirtió.
Queremos saber quień pago la publicación, por qué se cambió al Fiscal que conoció el caso en un primer momento se preguntó la asambleísta Romo.
Añadió que no es suficiente la declaración del Fiscal General, Washigton Pesántez sobre este tema, si es necesario tendrá que pedir licencia y ausentarse de la Fiscalía hasta que el caso se aclare, manifestó la asambleísta.
Entre tanto, César Montúfar (CND) dijo que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, la palabra de una autoridad tan alta como la del Fiscal General no puede quedar en duda.
El desarrollo del proceso, el cambio del primer Fiscal que estuvo a cargo de investigar el hecho, las declaraciones de testigos y la publicación en un medio de comunicación es una clara interferencia en el proceso, lo cual pone en duda que se llegue a la justicia.
Montúfar rechazó ciertas frases del comunicado con claro sesgo senófobo al usar la nacionalidad de personas testigas para descalificar su opinión.
Virgilio Hernández (PAIS), exigió a quienes imparten justicia actuen con imparcialidad. Cómo se permiten emitir criterios sobre las razones que puede tener una persona que fue testigo de un hecho, lo cual no se puede admitir, precisó.
Scherznarda Fernández (PSC), se unió al pedido que se haga justicia sin preferencia alguna. Estaremos pendientes que se cumpla lo establecido en las leyes y vigilantes que no haya parcialidad alguna, subrayó.
“La Asamblea Nacional tiene atribuciones y si es necesario pedir la comparecencia del Fiscal General del Estado, así lo hará, porque nos permite la Constitución de la República”, afirmó.
Por último, Silvia Salgado (PSE) aseguró que con la publicación se deja notar el incumplimiento de la ley, porque “es una especie de prevaricato”, por lo que “creo que se configura una causal para iniciar un juicio político”.
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