Con la asistencia de 88 asambleístas, el Pleno de la Asamblea inició el primer debate del proyecto de reformas al artículo 24, literal j) de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) que tiene por objetivo normar claramente los derechos de las y los servidores públicos que quieran contratar con el Estado ecuatoriano sobre la base de fines y objetos lícitos.
Indicó que es verdad que la disposición vigente pretende prevenir y evitar casos de corrupción de servidoras y servidores públicos que a partir de información privilegiada a la que tengan acceso en razón de su cargo, actúen con intereses personales en desmedro del interés público; a pesar de ello, la excesiva amplitud de lo establecido en el literal j) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, ha provocado que muchos ciudadanos y determinados colectivos profesionales hayan visto mermado su derechos constitucionales a la libertad de contratación y a la libertad y el derecho al trabajo.
Indicó que en el país existen 400 mil servidores públicos y, si se considera a los familiares, se estaría perjudicando alrededor de un millón setecientas mil personas que estarían prohibidas de contratar con el Estado si se mantiene tal como está la normativa. Por ello, dijo que es necesario corregir esta problemática y ajustarla a la norma constitucional para que no afecte sus derechos.
Agregó que es necesario reformar el literal en cuestión, precisando que la prohibición será aplicada respecto de la institución del sector público en la que laboran o sus entidades adscritas, prohibición que se extenderá al cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida y a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Indicó que el organismo legislativo escuchó las exposiciones verbales de la doctora Elsa María Santos, delegada del Procurador; el arquitecto Fernando Maldonado, Subcontralor administrativo encargado; doctor Camilo Valdivieso, Intendente de Compañías de Quito; doctor Jorge Luis González, director ejecutivo del INCOP; y, Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, quienes consideraron oportuna esta reforma.
Por ello, salvaguardando al servidor público, pero precautelando los casos de corrupción, se debería corregir este literal, a fin de garantizar los derechos a la libertad de contratación y trabajo, caso contrario, ninguna persona querrá ser servidor público porque estaría interviniendo hacia el resto de sus familiares que no podrán contratar con el Estado, concluyó.
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