El segundo libro del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, respecto al procedimiento, contiene aspectos relacionados con el objeto de la jurisdicción penal, la estructura de los órganos judiciales; competencia en materia penal, reglas generales aplicables a los fueros; el ejercicio de la acción penal; la extinción y prescripción del ejercicio de la acción; la denuncia; acusación particular; sujetos procesales; sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, técnicas especiales de investigación; medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, entre otros.
En el inicio del primer debate de estos temas, los parlamentarios recibieron en comisión general a Amanda Paredes, quien señaló que el aborto supera la legalidad y hoy por hoy las mujeres están abortando de manera ilegal cada cuatro minutos, dando un total de 125 mil al año, por ello, pidió que se despenalice el tema del aborto cuando se trate de delitos de violación sexual. Las mujeres deben decidir sobre su cuerpo y si quieren o no seguir con el embarazo, dijo al señalar que este tema debe ser considerado como un problema de salud pública.
Se debe legislar en base a la realidad social, buscando mecanismos de solución y no de criminalización, agregó, al sostener que el aborto supera la legalidad y es un tema que seguirá latente en la población.
Sobre este tema, el asambleísta Marco Murillo señaló que el aborto y el tema de la droga deben ser consultados a la ciudadanía para conocer su opinión.
De su lado, el asambleísta Andrés Páez subrayó que 14 mil delincuentes son liberados sin ser sancionados, al tiempo de señalar que la caducidad de la prisión preventiva es motivo de análisis; mientras que el legislador Vicente Taiano dijo que hoy se pretende aceptar fianza en delitos por homicidio, asesinato, plagio y otros. En cambio Richard Guillén señaló que se requiere un análisis profundo del tema relacionado con las penas en virtud de que existen sanciones por un mismo delito.
Entre tanto, María Augusta Calle afirmó que se requiere mejorar el tema de la jurisdicción indígena, por ello propuso conformar un grupo de trabajo que se dedique al análisis de este asunto. Susana González manifestó que es necesario establecer políticas públicas desde el Estado contra la inseguridad que vive la ciudadanía.
En el informe presentado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se señala que uno de los problemas primordiales de la administración de justicia consiste en la injustificada y permanente falta de eficiencia y agilidad en la tramitación del proceso, tomando en cuenta las garantías del debido proceso y la consagración de los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad.
El debate continuará la próxima semana
JLVN/pv
