Asambleístas y alcaldes de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar mostraron su preocupación porque los ministerios encargados de atender a las poblaciones afectadas por el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, no cuentan con un proyecto conjunto que permita emprender la reactivación productiva y económica del sector a corto, mediano y largo plazo, con resultados concretos.
Este criterio fue expuesto durante la comparecencia de la ministra de Inclusión Económica, María de los Ángeles Duarte y de la Secretaria Nacional de Riesgo, María del Pilar Cornejo quienes asistieron a la Comisión de Derechos Colectivos para informar las actividades desarrolladas frente a la reactivación de volcán y las acciones emprendidas con los organismos seccionales para atender a las poblaciones afectadas.
A la reunión debía acudir también el Ministro de Agricultura, Walter Poveda, quien se excusó por segunda ocasión, por lo que el presidente del organismo legislativo, Marco Murillo, advirtió que si no comparece y da su versión sobre esta temática, la Comisión podría iniciar un juicio político por incumplimiento en cuanto a la atención de esta emergencia, pues existen serios cuestionamientos del accionar de esta Cartera de Estado.
El alcalde de Guano, Edgar Alarcón, denunció que si bien han recido la ayuda por parte de los diversos ministerios, ha sido esporádica e individual y más bien se han evidenciado problemas de coordinación entre las autoridades locales y las instancias gubernamentales, por lo que exigió soluciones desde el ámbito Ejecutivo, para armar una visión conjunta con los gobiernos locales y dar una solución a las comunidades indígenas y campesinas.
Bajo estos argumentos pidió que se firme un convenio para que los municipios administren por cinco años los albergues, se decrete el estado de excepción para las provincias de Tungurahua y Chimborazo, se entreguen recursos económicos para enfrentar el proceso eruptivo y se trabaje en un proyecto que tome en cuenta las realidades de cada población, para emprender en la reactivación productiva y económica de cada sector con componentes a corto, mediano y largo plazo, tomando en cuenta que se han perdido las cosechas, no solo por la ceniza sino también por la sequía.
Con el propósito de encontrar acuerdos y dar soluciones efectivas a esta problemática, Marco Murillo anunció que pedirá a los ministros de Agricultura, Bienestar Social, Salud y a la Secretaría Nacional de Riesgos mantener una reunión en el cantón Guano, el miércoles 10 de febrero.
El alcalde de Penipe, Fausto Chunata, manifestó que las comunidades no pueden vivir en “asentamientos clandestinos”, por lo que propuso que se les entregue la titularidad de las tierras, así como la administración de los albergues.
Entre tanto, la Secretaria Nacional de Riesgo, María del Pilar Cornejo mencionó que solo los alcaldes de Guano y Penipe han entregado la información completa sobre el impacto del proceso eruptivo, pero del resto de cantones aledaños al volcán desconoce cuántas hectáreas y familias están afectadas y por tanto no podría declarar el estado de excepción.
La Ministra de Inclusión Económica, María de los Ángeles Duarte precisó que se han establecido 16 albergues en las zonas afectadas y en los próximos días se definirán los convenios para que los mismos sean administrados por los municipios.
Otras peticiones
De su lado, el burgomaestre de San Gabriel, en la provincia del Carchi, Juan Acosta, mostró su preocupación por la situación social y económica en la que se hallan inmersos los adultos mayores de esta jurisdicción, por lo que solicitó la ayuda del Ministerio de Inclusión Económica (MIES), para concretar la construcción del centro gerontológico del cantón Montúfar, que atenderá a más de 100 adultos mayores que se encuentran en extrema pobreza y que actualmente viven con una comida al día, entregada por voluntarios.
Entre tanto, el alcalde Guamote, Juan de Dios Roldán, solicitó al MIES los recursos para la construcción de un asilo de ancianos.
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