El Pleno de la Asamblea Nacional continúa la sesión 115 del Pleno, en la que se debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que tiene como propósito incorporar normas que viabilicen la realización de la consulta prelegislativa y mejorar los procesos de legislación, fiscalización y de control, seguimiento y vigilancia de la ejecución presupuestaria.
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, indicó que en la sesión 115, que se inició el 21 de julio de 2011, intervinieron algunos parlamentarios por lo que en esta oportunidad se dará prioridad a los asambleístas que aún no han intervenido y que todos quienes deseen hacerlo se pueden inscribir, porque el objetivo fundamental es elaborar una normativa que se ajuste a las necesidades que tiene esta Función del Estado y llegar a acuerdos puntuales.
Cabe recordar que en cuanto a la consulta prelegislativa se agrega una sección específica que desarrolla esta atribución, a fin de que la Asamblea asuma esta obligación como parte del trámite de ciertas leyes.
Para este proceso existirán siete etapas: selección de normas; convocatoria y publicidad; inscripción; definición de los sujetos de consulta; realización; sistematización de resultados e informe para segundo debate. Si al momento de la expedición de las reformas existen proyectos con informe para segundo debate que requieran consulta prelegislativa regresarán a la comisión para el trámite pendiente.
En lo atinente a la Unidad de Control de la Ejecución Presupuestaria del Estado se propone optimizar la vigilancia de la Asamblea en la ejecución del Presupuesto General del Estado, la programación cuatrianual y el Plan Nacional de Desarrollo, además elaborará un informe no vinculante de la pro forma.
Las reformas también tienen que ver con el tema de la Fiscalización y Control Político. En principio, se planteó la sustitución de los artículos 82 y 83 de la Ley, para que el informe motivado emitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político, únicamente se remita a las pruebas de cargo y de descargo presentadas, así como a la recomendación o no, de juicio político. Además, el Pleno decidirá sin debate el archivo del trámite o la procedencia del juicio político, por mayoría absoluta de sus integrantes.
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