La actual ley no reconoce los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras con el carácter de derechos humanos, constitucionales reconocidos y garantizados; no establece mecanismos claros de control de calidad ni un sistema de protección, reparación y sustitución de derechos; las sanciones no responden a la realidad económica actual, dijeron algunos asambleístas de distintas bancadas quienes resaltaron la importancia de contar con una nueva legislación que garantice los derechos de las personas usuarias y/o consumidoras en armonía con los proveedores.
En este marco señalaron que el proyecto se enmarca en la solidaridad y organización de la sociedad civil en los comités de usuarias; se establecen mecanismos de exigibilidad; incorpora al sector usuario y consumidor como grupos de atención prioritaria, regula la relación entre proveedor y consumidores, determina lineamientos claros sobre el procedimiento a seguir por parte de la Defensoría del Pueblo; busca mecanismos de control de calidad; procedimientos de defensa de las personas usuarias y/o consumidoras; sanciones por vulneración de derechos; reparación e indemnización por deficiencia, daños, mala calidad de bienes y servicios y por la interrupción de los servicios públicos que no fueran ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito.
En la sesión 157 del Pleno, los parlamentarios sugirieron a la Comisión de Desarrollo Económico, encargada de analizar el proyecto, que en la normativa establezca una equidad en la relación de consumidores y proveedores; reglas específicas en materia de comisiones en créditos extranjeros; que se garantice la comercialización de productos frescos y baratos; fijar las garantías que debe brindar el Estado con relación a los servicios públicos.
Destacaron que urge una relación global en el proceso de comercialización que impida la explotación del hombre por el hombre, ya que a pretexto de libre mercado no se puede permitir que la empresa privada imponga sus decisiones.
Al reiterar que esta normativa es fundamental para el país, ya que clarificará los derechos de los usuarios y/o consumidores, propusieron que en el cuerpo legal se contemple el principio de la interculturalidad, a fin de que toda información sobre este tema se la haga en todos los idiomas existentes.
Pidieron que se garantice el derecho a ser indemnizado cuando exista daño por bienes y servicios; garantizar los derechos de la naturaleza: En materia de delitos informáticos establecer sanciones en caso de que las entidades financieras no incluyan seguridades mínimas en servicios de banca electrónica, cajeros electrónicos y pagos con tarjetas de crédito.
Frente a las prácticas abusivas ejecutadas por los proveedores, establecer mecanismos de tutela judicial para que las personas usuarias y/o consumidoras puedan llegar a la vía judicial para que sea reparado su derecho.
JLVN/pv
