Asambleístas Romo, Velasco, Alvarado y Hernández sustentarán las acusaciones contra el Fiscal General

Jueves, 01 de abril del 2010 - 14:40 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, a solicitud de la parte actora, modificó la agenda de comparencias, dentro de la sustanciación del juicio político propuesto por un grupo de legisladores de PAIS en contra del fiscal General del Estado, Washington Pesantez Muñoz.

En efecto, el jueves 8 de abril, a partir de las 10:00, los asambleístas María Paula Romo, Francisco Velasco, Rosana Alvarado y Virgilio Hernández, sustentarán las acusaciones.

Previamente, el miércoles 7 de abril, a las 10:00, acudirán el fiscal de la Unidad de Delitos de Tránsito, Patricio Sosa y los presidentes de las salas penales de la Corte Nacional de Justicia, con el propósito de rendir sus versiones en torno a las actuaciones en el caso del accidente de tránsito en que falleció la señora Natalia Emme. También se deja abierta la posibilidad de receptar otras versiones y pruebas particulares que se requieran, así como posibles pruebas que solicite la parte encausada y/o la actuación de pruebas de oficio que apruebe la Comisión.

Mientras, el viernes 9 de abril, a las 10:00, el fiscal General del Estado, Washington Pesántez Muñoz, ejercerá su legítimo derecho a la defensa y presentará las pruebas de descargo que considere pertinentes, en relación a la solicitud de enjuiciamiento político presentado en su contra, conforme lo señalado en el primer inciso del Art. 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Contenido de las acusaciones

Como se recuerda, la asambleísta María Paula Romo, en su solicitud de juicio político, señala, entre otros aspectos, que el Fiscal General, encargado, ha demostrado falta de probidad e imparcialidad en el cumplimiento de sus funciones; incurrió en incumplimiento de sus funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa preprocesal y procesal penal de las personas que tienen fuero y en la conducción de las políticas generales de la Fiscalía para lograr sanciones justas e impedir la impunidad.

Igualmente, lo acusa de violentar las normas legales y constitucionales en relación con la selección de los funcionarios de la Fiscalía, según un proceso de méritos y oposición y aquellas obligaciones de aplicar el régimen disciplinario interno de la Fiscalía; de haber diseñado y reformado reglamentos y la estructura interna de la Fiscalía con el objetivo de favorecer a determinadas personas y no, necesariamente, con un criterio de funcionamiento técnico y eficiente de la Fiscalía.

En este marco, en lugar de estructurar y dirigir la Fiscalía para perseguir el delito y proteger a las víctimas, el doctor Pesántez habría organizado la estructura de la entidad según sus intereses personales, decidiendo de manera arbitraria cómo proceder en cada caso o a quién se “persigue” y a quién se “protege”.

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