En representación de la Asociación de Bancos Privados, Joaquín Morillo, señaló que desde el punto de vista económico es inconveniente para el desarrollo del Ecuador el proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, argumentando que reduce el respaldo patrimonial de las instituciones financieras.
Indicó que existen otros sectores económicos que tienen iguales o mayores utilidades que la banca y se les da un trato diferente, por tanto no hay equidad. Bajo estos argumentos solicitó a la Comisión de Régimen Económico se archive el mencionado proyecto.
Recordó que en el año 2011, la banca privada tiene utilidad neta de patrimonio 17.29%, mientras que los supermercados el 18.10%; las actividades inmobiliarias 28.23%; seguros privados 21.27%; explotación de minas y canteras 25.79%; industrias manufactureras 20.76%; comercio al por mayor y menor 18.44%; y, transporte y almacenamiento 18.34%. Sin embargo, solo se tomó en cuenta a la banca para financiar el bono de desarrollo humano como una especie de justicia redistributiva.
Explicó que al momento existen siete millones de depositantes en el Ecuador lo cual genera 20 mil millones de dólares en depósitos, doblando el número de clientes en apenas seis años; y, eso es debido a que el cliente disfruta de un sistema bancario de calidad con créditos que permiten su desarrollo.
Para otorgar créditos bancarios es necesario que la banca cuente con un patrimonio bancario y eso lo obtiene de las utilidades y si éstas se disminuyen no se podrá otorgar créditos a los cuentaahorristas, agregó.
Dijo que en el año 2011 el total de aportes de la banca al Estado fue de 309 millones de dólares y en el 2012 ascendería a 345 millones de dólares.
En cambio, Xavier Vaca, representante de la Red Financiera Rural, manifestó que este organismo agrupa a 44 redes de microfinanzas y tiene entre sus miembros a 24 cooperativas de ahorro crédito, 14 ONG y 5 bancos especializados en microfinanzas, a la vez que sostuvo que tal como está propuesto el proyecto afectaría a la microempresas populares.
Pidió al organismo legislativo que los bancos especializados en microfinanzas tengan una excepción dentro de los artículos que discute la Comisión para no afectar su capitalización, tomando en cuenta que son entidades diferentes respecto de la banca comercial, es decir, reducir del 3% al 1% de los ingresos grabables.
En esta reunión de trabajo estuvieron presentes César Robalino, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados; Fernando Pozo, representante del Banco Pichincha; Joaquín Morillo, Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos; Xavier Vaca, Director de la Red Financiera Rural; Mario Prado y Eduardo Carmingniani, asesores Jurídicos de la Asociación de Bancos.
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