La asambleísta Aminta Buenaño al indicar que urge realizar cambios en el sistema para alcanzar una educación de avanzada, subrayó que de acuerdo con la Carta Política, este cuerpo legal debe garantizar la representación paritaria de género, pues no existe una sola mujer como rectora de las universidades públicas.
También es partidaria de generar oportunidades de empleo en igualdad de condiciones para que tanto hombres como mujeres tengan derecho a laborar en los centros de estudios superiores y con estabilidad.
De su lado, Paco Fierro, propuso la creación de un departamento de medición de avance académico. Señaló que la ciencia, tecnología y conocimiento son herramientas para generar riqueza en el país y que, por lo tanto, deben ser consideradas en la ley.
Reconoció que a pretexto de autonomía en las universidades se producen abusos por parte de estudiantes y autoridades, mientras que Xavier Tomalá pidió a los comisionados establecer el escalafón de sueldos para los educadores.
El asambleísta Marco Murillo dijo que el Consejo Nacional de Educación Superior debe ser la máxima instancia que planifique, regule y coordine, pero en conjunto con otros actores. En los órganos de administración de la universidad no puede haber discriminación, por lo que deben estar presentes estudiantes y profesores, sostuvo, al plantear que se cree una academia de cultura indígena para fortalecer un estado intercultural.
Salomón Fadul señaló la necesidad de fomentar mecanismos legales que permitan estabilidad y seguridad al sistema de educación superior, lo cual impulsará el desarrollo productivo del país.
Añadió que para ello se requiere que la educación cuente con la libertad de cátedra y presupuesto para capacitación profesional. Dar seguridad al sistema es la clave para generar el cambio educativo que la nación necesita, respetando los derechos de los maestros, alumnos y trabajadores y lo que es más la autonomía, subrayó.
Vethowen Chica, al lamentar que en la educación superior no se ha impulsado la investigación científica. Ventajosamente este proyecto contempla esta convergencia que tiene que haber entre el conocimiento universitario y el desarrollo del país. Hay que trabajar sobre los ejes programáticos establecidos en la Constitución que garantiza la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, principios que serán desarrollados en la ley. “Ya basta del corporativismo y partidismo”.
De su lado, el asambleísta Alfredo Ortiz manifestó que el proyecto crea un tercer organismo con atribuciones más amplias y superiores a las del propio Consejo de Educación Superior. Claro que queremos una autonomía responsable, dijo, pero se violentará el momento en que se faculte a la Secretaría Técnica establecer los planes de estudios y programas curriculares. Insiste en la creación de universidades estatales de alta investigación científica, en las provincias orientales y Galápagos.
Rosana Alvarado señaló que en el Ecuador la producción del conocimiento está en los últimos puestos de América Latina. En muchos de los casos, los centros superiores nos tratan como clientes y no como estudiantes. En el 2001 solo el 10% de la población tuvo acceso a la educación superior; la autonomía, el auto gobierno, los rectores, son parte de la crisis. Si bien hay varias provincias que no cuentan con universidades pero su creación debe hacerlo mediante ley más no por transitorias, recalcó.
Francisco Ulloa precisó que la gratuidad de la educación superior debe ser total, como un derecho. Propuso que en el último año de carrera se establezcan pasantías remuneradas para que el titulado tenga la oportunidad de incorporarse a la fuerza laboral, así como la urgencia de que se establezca un sistema de jubilación que beneficie a los docentes y cuenten con escalafón administrativo que mejore su salario. Se mostró partidario de sancionar al Ministerio de Economía, por el retrazo de 122 millones de dólares a favor de los centros de educación superior.
En cambio, Alejandra Vicuña manifestó que es necesario impulsar la construcción de una institucionalidad de la universidad ecuatoriana, pues existe un divorcio con los objetivos del Estado y el Sistema. No se puede excluir de los principios la regulación a las universidades católicas y de las Fuerzas Armadas. Hay que hacer transformaciones profundas y reconocer la demanda de un marco regulatorio que permita alcanzar una educación de calidad, la normativa debe garantizar la paridad de género, así como establecer el número de representantes en el cogobierno, añadió.
Por último, Vicente Taiano subrayó que debe haber coordinación entre universidades, empresas privadas y Estado para que los estudiantes tengan un lugar seguro donde iniciar su gestión laboral, además de una universidad libre e independiente.
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