La Comisión de Gobiernos Autónomos avanza en el estudio del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que tiene como propósito dar solución a los problemas vinculados con la especulación del suelo que limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de las obras públicas impulsadas por el Gobierno Central.
El presidente de este organismo legislativo, Richard Calderón, explicó que la normativa crea mecanismos de expropiación que permiten al gobierno recuperar parte de la plusvalía generada por la realización de la obra pública, homologar las disposiciones contenidas sobre expropiaciones en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El parlamentario señaló que en materia de expropiación actualmente existen dos marcos legales distintos con condiciones distintas, es decir, una persona que es expropiada debería ser compensada con un valor si lo hace el municipio y con otro si lo hace el gobierno central, cuando la Constitución establece el derecho a la igualdad, por lo que con estas reformas se espera que existan mecanismos similares que garanticen los derechos de los propietarios, pero que a la vez no se permita el pago excesivo por parte del Estado.
En lo que tiene que ver con la afectación, en un cuerpo legal está el 5% y en el otro está el 10%, por lo que buscamos que la afectación, que es la compensación por expropiación que se le hace al propietario, sea igual. En ese sentido, la reforma es procedente, precautelando tanto los intereses del Estado como del propietario, agregó.
A fin de garantizar el derecho a la igualdad en temas expropiatorios se debe homologar las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
Richard Calderón indicó que a través de la normativa se crea una modalidad que es el anuncio del proyecto, es decir, que una vez que el Estado, en cualquiera de sus niveles decida hacer una obra se cuide la especulación del suelo en la medida que cuando se realice la expropiación, el Estado no pague esa especulación.
Además en el proyecto se faculta al gobierno central a cobrar una contribución especial de mejoras por las obras que ejecuta, igual que lo hacen los municipios cuando ejecutan una obra: adoquinados, pavimentos, parques. En la actualidad los gobiernos autónomos descentralizados tienen esta atribución, vía contribución especial de mejoras, concluyó.
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