La denuncia presentada por el asambleísta Fernando Cáceres respecto de la alta contaminación y el avanzado deterioro ambiental en las cuencas y subcuencas de los ríos Cutuchi, Ambato y Patate, generó interés en la Comisión de Biodiversidad, a donde acudieron las autoridades de los gobiernos locales de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua; representantes de la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, del Ministerio de Agricultura y Ganadería; y, asambleístas de diversas tendencias, en el afán de buscar una solución integral a esta problemática.
En esta reunión de trabajo Fernando Cáceres, representante de la provincia de Cotopaxi, planteó la necesidad de conformar una mancomunidad con los gobiernos provinciales de Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza y que se declare la emergencia sanitaria y ambiental de las cuencas y subcuencas de dichos ríos, así como la cuenca alta del río Pastaza, a fin de implementar el plan integral de manejo de las respectivas cuencas y subcuencas hidrográficas, hecho que fue acogido por las autoridades presentes, quienes se comprometieron a realizar los estudios técnicos pertinentes.
De su lado, el asambleísta Fernando González, manifestó que esta problemática viene desde tiempos pasados porque los gobiernos de turno no se han preocupado de solucionar este problema, pues según estudios técnicos de Senagua, existen alrededor de 47 minerales pesados que contaminan el río Cutuchi. Se debe dar capacitación a los líderes barriales, cantonales, provinciales, agricultores y a la ciudadanía en general para mejorar las condiciones de estas zonas, así como la concientización para niños y jóvenes mediante programas escolares que instruyan el cuidado del agua.
Gioconda Saltos, representante de Tungurahua, manifestó que es necesario encaminar un proyecto orientado a la prevención y control de la contaminación ambiental, del agua, aire, suelo, con las sanciones respectivas, aspectos que también deben constar en los proyectos de Ley de Recursos Hídricos, Educación y el Cootad, determinando además la planificación integral de cuidado de las cuencas hidrográficas.
De su lado Cléver Jiménez señaló que es necesario establecer políticas claras desde el gobierno nacional y dotar de los recursos económicos para el tratamiento de las aguas servidas de las grandes ciudades.
Juan Carlos López, precisó que según las estadísticas el 67% del cáncer en las personas es por problemas de estómago, provocados por la contaminación de los ríos, por lo que los consejos provinciales deberían trabajar en proyectos de descontaminación de los ríos, considerando que no existen estudios de recirculación de las aguas.
Ángel Vilema pidió que se den acciones inmediatas, porque se trata de la salud y la vida de la población; sugirió crear una unidad ejecutiva para que manejen las cuencas con planes, proyectos y recursos económicos respectivos, mientras que Gido Vargas solicitó que los ministerios involucrados busquen una solución adecuada a este problema.
Luis Morales propuso que se conforme una comisión especial que trabaje un informe que debe ser aprobado por la Asamblea, a fin de que exhorte al Ejecutivo que declare la emergencia del agua, aspecto que coincidió el asambleísta Juan Egas, alterno de Thomás Cevallos, quien a su vez subrayó que Senagua y el Ministerio del Ambiente deben realizar un estudio técnico a nivel nacional para dar una salida adecuada al manejo de las cuencas y subcuencas hidrográficas.
El representante de Senagua, Santiago Díaz aclaró que la propuesta de esta entidad está orientada a dar una solución integral y en esa línea el Gobierno Nacional ha establecido las políticas para cumplir este objetivo, pero es necesario obtener respuestas de los gobiernos locales, en razón de que este organismo no tiene las competencias para tomar acciones que corresponden a los municipios. Aseveró que si bien pueden dar las sugerencias técnicas, las acciones inmediatas parten de sus autoridades seccionales, razón por la cual está de acuerdo que se conforme la mancomunidad y que con el soporte técnico de instituciones involucradas se resuelva este asunto.
Finalmente, Rolando Panchana, al sostener que éste es un problema técnico que requiere voluntad política, los sectores deben cumplir las políticas ambientales que son transversales y están establecidas en la Constitución, por lo tanto, siendo una responsabilidad del gobierno central tiene que estar coordinado con los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, que debe existir una corresponsabilidad social y ambiental en este tema que es ineludible, aspecto que fue tomado con absoluto respaldo por parte de las autoridades que acudieron a la convocatoria de la Comisión de Biodiversidad.
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