Luego de la reunión mantenida con el Presidente de la Asamblea, la dirigencia de la Red Agraria indicó que el arquitecto Fernando Cordero Cueva ofreció poner en la agenda del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), para la próxima semana, el trámite del proyecto de Ley de Tierras.
Luis Andrango, titular de la Federación de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, Fenocin, sostuvo que el proyecto en mención, de iniciativa ciudadana, cuenta con el respaldo de 46 mil firmas de campesinos, agricultores, indígenas y demás organizaciones sociales, al precisar que están listos a participar activamente como colegisladores, tanto en la respectiva comisión, cuanto en el Pleno
Puntualizó que el presidente Cordero les explicó que el informe de la Unidad Técnica Legislativa no es vinculante, ni resta la potestad que tienen los legisladores que integran el CAL para tomar una decisión de aprobación o negación sobre la referida propuesta.
Comentó que la Red Agraria ha delegado a Romelio Gualán, Luis Andrango y César Altamirano, en calidad de principales; y a Jorge Loor, Àngel Cojitambo y Àngel Rivero como suplentes, para el análisis y discusión de la temática.
A más tardar el miércoles o jueves estará el tema de Tierras en la agenda del Consejo, mientras en 15 días se incluirá el debate de lo que sería el procedimiento para la implementación de la consulta prelegislativa como elemento crucial para allanar el camino hacia la aprobación de la denominada Ley de Aguas, dijo Andrango.
También, continuó, se habló de la necesidad de priorizar los proyectos de Ley de Agrobiodiversidad y de Comunas, que se presentó el 20 de marzo.
Reunión de trabajo con Silvia Salgado
Cerca de una docena de dirigentes de la Red Agraria dialogaron con la asambleísta Silvia Salgado (PSFA), presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien indicó que no puede tardar más tiempo la puesta en marcha de la consulta prelegislativa.
Además, manifestó que la construcción colectiva en materia de tierras permitirá enriquecer el proyecto, en función de los intereses nacionales, al argumentar que el informe de la Unidad Técnica Legislativa no tiene carácter vinculante y no impedirá que el documento siga su curso normal.
En todo caso, hay que fortalecer el argumento jurídico, constitucional, legal y político de la normativa propuesta, más aún cuando proviene de la iniciativa ciudadana, concluyó.
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