El asambleísta César Montúfar advirtió que sistemáticamente le han negado sus pedidos de información a diversas autoridades públicas sobre las relaciones comerciales con Irán, el proceso de negociación de COFIEC y el préstamo concedido al señor Gastón Guzac.
Tras señalar que desde hace dos años viene investigando las relaciones comerciales con Irán, reiteró que en los dos últimos meses el Banco Central le ha negado la información requerida en dos ocasiones; la Superintendencia de Bancos en tres oportunidades y el Ministerio de Finanzas también en dos.
Afirmó que todas las negativas aducen que hay sigilo bancario y reserva sobre la información que tiene que ver con los créditos vinculados del caso del señor Gastón Guzac, las condiciones en que se intentó negociar COFIEC con un banco iraní; los créditos concedidos por empresas del fideicomiso AGD no más Impunidad y el acuerdo comercial con Irán.
Manifestó que uno de los principios fundamentales para la democracia consiste en el acceso libre a la información relevante de carácter público que permita conocer lo que sucede en el acontecer nacional, “principio que es uno de los pilares sobre los cuales puede existir la libertad de expresión en el Ecuador, mismo que está siendo sistemáticamente vulnerado y menoscabado”.
Con esta oportunidad, César Montúfar expresó su solidaridad a la periodista Jeannette Hinostroza ante las amenazas que ha recibido, a la vez que protestó porque “esta situación ocurre cuando un periodista quiere hacer pública la información, pese a que es un derecho que tiene el periodista y la ciudadanía a estar informada”.
Agregó que a todo esto se suma la decisión de la Fiscal 2 de Pichincha de disponer al representante legal de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRALPI), filial de la CESOL, Mario Morales, que informe, por pedido de Pedro Delgado, el nombre del autor responsable de la comunicación en la página web sobre el “manejo ilegal de billetera móvil, créditos vinculados de COFIEC en negociaciones con Irán”.
Sostuvo que las autoridades se basan en un informe de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional, remitido por el presidente del Legislativo, Fernando Cordero, al Superintendente de Bancos, Pedro Solines.
Agregó que en la comunicación en referencia se sostiene que dicho informe recoge el criterio jurídico solicitado por el Superintendente sobre el derecho a la información de los asambleístas y sobre la prevalencia de las normas que amparan el sigilo y reserva bancarios.
Por último, dijo que este oficio ha servido para que los funcionarios evadan su obligación de proveer la información a las acciones de fiscalización en asuntos relacionados con las negociaciones para la venta de COFIEC y el acuerdo entre Ecuador e Irán.
