El asambleísta César Montúfar, de Concertación Nacional Democrática, con el respaldo de 38 firmas, oficializó hoy la solicitud de enjuiciamiento al ministro del Interior, José Serrano, a quien le acusó de incumplimiento de funciones, porque habría infringido varias normas constitucionales y legales, al formular amenazas en contra del presidente del Tribunal Quinto de Garantías Penales, Hugo Sierra, horas antes que se emita la respectiva sentencia, dentro del proceso que se sigue en contra del coronel César Carrión, acusado de intento de magnicidio en los hechos del pasado 30 de septiembre.
Montúfar sustentó su pedido en cinco acusaciones: intervención en un proceso judicial para favorecer a una de las partes, amparándose en su jerarquía de ministro; violación del principio de independencia de funciones; amenaza públicamente a un funcionario, pretendiendo que cambie de opinión; afectación de los derechos de una de las partes dentro de un proceso judicial; y, con todas estas acciones, haber violentado los principios fundamentales del estado de derechos y justicia, reconocido en la Constitución.
Explicó que, concretamente, el ministro Serrano habría violado los artículos 168, numeral 1 y 175 de la Constitución de la República; los artículos 8 y 123, inciso tercero del Código Orgánico de la Función Judicial; y, los artículos 24, literal f) y 42, de la Ley Orgánica del Servicio Público.
Recordó que, en una actitud democrática y de apertura, a través de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, invitó en dos ocasiones al ministro Serrano para que explique el alcance de sus declaraciones publicadas textualmente en varios medios de comunicación del país, en el sentido que si se absolvía al coronel Carrión se iba a apelar y, además, plantear las acciones penales en contra de los miembros del Tribunal Quinto. Sin embargo, el secretario de Estado no acudió. “Mi objetivo era que el funcionario rectifique o se retracte de sus expresiones y reconozca que se había equivocado”, dijo.
Añadió que en un país democrático, ese tipo de amenazas en contra de funcionarios públicos y, particularmente, contra jueces, habría acarreado la inmediata renuncia de un ministro de Estado, por ello, “es inadmisible que en Ecuador cualquier persona investida de una autoridad o rango amenace a un funcionario público, pretendiendo que éste cambie de criterio, más si eso ocurría a pocas horas de un proceso electoral que le dio al Ejecutivo la facultad de nombrar un delegado para un organismo que se encargará de introducir cambios en la Función Judicial”, aclaró.
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