Con el apoyo de 39 parlamentarios de las bancadas de oposición, el asambleísta César Rodríguez, presentó ante el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva y a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, el pedido de juicio político contra el titular del Consejo de la Judicatura Transitorio, Paulo Rodríguez, por incumplimiento de la norma constitucional y el Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que le acusó de violar la independencia y autonomía interna y externa de este poder del Estado.
Indicó que el Consejo de Administración Legislativa deberá calificar el pedido de iniciación de juicio político para que sea sustanciado por la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Aseguró que “la causa del enjuiciamiento político es la ruptura fáctica del estado de derecho, producida como consecuencia de la solicitud de Paulo Rodríguez, quien en calidad de Presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, solicitó al Jefe de Estado declare el estado de excepción en la Función Judicial, cuando él debía velar por la transparencia, independencia y autonomía de dicha función”.
Al declararse el estado de excepción se abrió la puerta al Ejecutivo para que mediante este decreto intervenga en la justicia, en medio de un proceso extremadamente delicado como es la reforma global de la Función Judicial.
Subrayó que Paulo Rodríguez violó los artículos 76, 82, 168, 181, 226 y 424 de la Constitución; así como los artículos 8, 14 y 269 del Código Orgánico de la Función Judicial.
Recalcó que “el Presidente de la Judicatura debió cumplir y hacer cumplir, dentro de los órganos de la Función Judicial, la Constitución, la ley y los reglamentos generales, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del Pleno y es por ello, el pedido de juicio político contra este funcionario”.
La Constitución establece como causal de juicio político el incumplimiento de funciones, por lo que el proceso del juicio político sustentará y demostrará la violación a los artículos mencionados lo que conlleva la violación de la independencia y autonomía de la Función Judicial por parte del Consejo de la Judicatura, concluyó.
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