El asambleísta César Rodríguez anunció el inicio de un proceso de fiscalización en el sector de la educación, tomando en cuenta que el Ministerio rector debió emprender y ejecutar algunas de las más importantes disposiciones establecidas en la Ley en materia de políticas, programas, planes, proyectos, acciones y logros.
Afirmó que es preocupante la omisión de responsabilidades en algunos ministerios después de aprobadas las leyes, por ello, “el deber de quienes hemos construidos las leyes es la de hacer un seguimiento y exigir su cumplimiento”.
Informó que ha remitido a la Ministra de Educación, Gloria Vidal, un pliego de preguntas a fin de que informe qué pasa con el cumplimiento de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe; con la conformación del Consejo Plurinacional que tiene atribuciones y deberes importantes como el de proponer las líneas estratégicas para las políticas públicas de este sistema educativo; qué sucede con el Instituto Nacional de Evaluación, tomando en cuenta que la Ley estableció un plazo de 90 días para su conformación. “Han transcurrido 153 días y no se ha cumplido lo determinado”.
Es necesario conocer, dijo, cómo avanza el proceso para la creación del Instituto de Idiomas y Ciencias Ancestrales; así mismo, respecto a la contratación de los educadores comunitarios; hay que conocer sobre la transferencia de la competencia de la construcción y mantenimiento de la infraestructura que deben llevar los gobiernos locales; también tiene que indicar sobre el convenio que debe hacer el Ministerio de Educación con el Ministerio de Inclusión para garantizar la calidad de la educación inicial de los niños/as del país.
En este marco, subrayó que llevará la fiscalización en dos sentidos: primero sobre el cumplimiento de los principios de participación, control social, interculturalidad, descentralización y justicia social, que no son de aplicación discrecional; y, en segundo lugar, sobre las acciones de la conformación y funcionamiento de los consejos nacionales de educación y de educación Intercultural, de la creación y funcionamiento de los institutos Nacional de Evaluación y de Idiomas y Ciencias Ancestrales, de la enseñanzas de idiomas ancestrales, entre otras.
Creemos en la fiscalización como un proceso sano, orientado al buen gobierno por lo que es un proceso que tenemos que realizarlo en el sistema educativo, ya que la Ley está siendo incumplida y si la Ministra no justifica las razones por las cuales no la aplica, incurriría en la figura de incumplimiento de funciones lo que derivaría en la posibilidad de establecer un juicio político, concluyó.
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