El asambleísta César Rodríguez solicitó la comparecencia de los ministros de Defensa Nacional y de Sectores Estratégicos, así como del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, para que expliquen las razones por las que se han expedido los decretos 1312 de 24 de septiembre de 2012 y 1304, de 19 de septiembre de 2012, mediante los cuales se dispone que los valores que se recaben producto de la venta o disolución de las empresas TAME y Flopec EP, así como los excedentes que se obtengan durante su existencia, pasarán a formar parte del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, a través del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte.
Aseguró que este proceso implica la pretensión de traspasar las empresas mencionadas al ISSFA, por lo que ha iniciado un proceso de investigación exhaustiva, a la vez que expresó que esta decisión contraría el artículo 315 de la Constitución, que establece: El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.
Añadió que según la norma constitucional, los excedentes de las empresas podrán destinarse a la inversión y la reinversión de las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del estado.
Tras señalar que por las razones anotadas la decisión es inconstitucional, manifestó que “resulta muy grave que se quiera usar como escudo humano a los beneficiarios del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte -quienes no serán beneficiarios directos de tal operación- para justificar la violación constitucional y la operación misma” .
Agregó que se trata de empresas estratégicas de todos los ecuatorianos que generan rentabilidad, en el caso de FLOPEC, solo en activos tiene 900 millones de dólares que han implicado enormes aportes al Estado.
Reiteró que por estos motivos invitará a los dos ministros y al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República para que den las explicaciones respectivas, “mientras iniciamos una demanda de inconstitucionalidad en contra de los decretos en mención”.
Nos preocupa sobre manera este tipo de acuerdos “intraejecutivo” como si se tratara de bienes particulares y no de empresas públicas, acuerdos misteriosos que se traducen en decretos que establecen privilegios para ciertos sectores, dijo finalmente.
PV
