La presencia policial en el sector de Sarayaku para verificar el paradero de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, sentenciados por el delito de injuria generó opiniones divididas al interior de la Legislatura.
En efecto, la asambleísta Marllely Vásconez, de Alianza País, desde el punto de vista jurídico, comentó que el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho, regido por la Constitución y leyes, por lo que todas y todos los ciudadanos debemos someternos y sujetarnos a dichas normas y al ordenamiento legal penal, precisó.
Sostuvo que Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa son personas prófugas de la justicia, quienes recibieron sentencia condenatoria de parte de la Corte Nacional de Justicia por el delito de injuria contra el Presidente de República; ahora, ellos se esconden en una comunidad indígena y no quieren dar la cara.
Una comunidad no puede y no debe esconder y proteger a prófugos de la justicia que tienen sentencia, dijo, tras afirmar que no se trata de perseguidos políticos; cometieron un delito y tienen que pagarlo, ya que son infractores de la ley penal, como cualquier ecuatoriano, agregó.
Irrespeto al pueblo Sarayaku
Entre tanto, el legislador Milton Gualán, del Movimiento Pachakutik, consideró que la presencia policial significa un hostigamiento al pueblo Sarayaku, que libre y democráticamente resolvió acoger en su territorio a Cléver Jiménez y otros acompañantes, ejerciendo el legítimo derecho del artículo 57 de la Constitución, que garantiza a los pueblos la posibilidad de autodefinir sus formas de gobernabilidad.
Jiménez no es un delincuente sino un perseguido político, cuyo único delito ha sido fiscalizar y cumplir lo que manda la Constitución, por lo que recibió medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), insistió, al manifestar que el pueblo Sarayaku ha ejercido, a plenitud, el derecho constitucional a la resistencia, impidiendo, así, el ingreso de las petroleras a una tierra sagrada.
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