El presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, Oswaldo Larriva, en su calidad de ponente del proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, explicó que la propuesta modifica la regulación y normativa vigentes fomentando el acceso a los servicios financieros, bajo los siguientes principios: prevalencia del ser humano por sobre el capital; subordinación del ámbito financiero al servicio de la economía real; inclusión y equidad; fortalecimiento de la confianza; y, protección de los derechos ciudadanos.
El asambleísta, al iniciar el primer debate del proyecto en el Pleno, resaltó que la comisión, durante el análisis, realizó dos foros en Cuenca y Guayaquil y que en una segunda etapa lo harán en Portoviejo y Babahoyo, considerando que los debates siempre deben estar alimentado los criterios emitidos durante la socialización.
Destacó que el proyecto tiene como objetivos integrar en un solo órgano a la regulación monetaria y financiera, y separarla del control; recuperar para el Estado los instrumentos de política monetaria y reordenar el sistema financiero nacional; regular el crédito a cargo de entidades financieras y no financieras; ordenar y regular al mercado de valores; y, fortalecer el régimen de seguros privados.
Larriva señaló que se crean herramientas para velar que los niveles de liquidez de la economía sean los adecuados para el cumplimiento del programa económico; mitigar los efectos de los riesgos sistémicos; proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros; profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y solidario, en el que los seres humanos sean el fin de la política pública.
Dio a conocer que la normativa crea una sola Junta que regula a todas las entidades del sistema financiero, de valores y seguros; prohíbe que personas con conflicto de interés sean los reguladores y controladores del sistema financiero.
Agregó que con el proyecto, el crédito que otorgan grandes entidades no financieras estará controlado por la Superintendencia de Bancos; se fortalece la capacidad de control y sanción de las superintendencias; los grandes accionistas y administradores de las entidades financieras responderán con su propio patrimonio; se incluye el dinero electrónico como medio de pago; se establecen mayores niveles de capital y patrimonio técnico a las compañías de seguros.
Además, continuó, se prohíbe que las entidades financieras nacionales tengan oficinas en paraísos fiscales, así como que entidades de paraísos fiscales tengan oficinas en el Ecuador; se establece límites para operaciones crediticias; se incrementa el monto de las sanciones administrativas de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos de las disposiciones del Código; se incluye como causal de liquidación de las entidades financieras no realizar una actividad mínima; se normará los niveles de remuneración y otros beneficios y compensaciones de los administradores de las entidades financieras.
Expresó que también se incrementa a 11'500.000 dólares el requisito mínimo de capital para que las entidades bancarias puedan operar; se regula el Fondo de Liquidez y el Seguro de Depósitos como mecanismos de seguridad financiera creados para promover la estabilidad de las entidades y resguardar los depósitos de los ciudadanos.
Manifestó que se extiende la cobertura del seguro de depósitos a todas las entidades de la economía popular y solidaria; permite que las entidades de este sector tengan compañías auxiliares; establece medidas y sanciones más estrictas en caso de que una entidad incumpla requerimientos que pongan en riesgo su estabilidad; transparenta las carteras de crédito para evitar que se maquillen balances y escondan pérdidas.
Oswaldo Larriva dijo que, de acuerdo con las disposiciones del proyecto, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera solamente aplica el Código, no lo interpreta; se mantiene la capacidad de juzgar cuentas de la Contraloría; se incluye como instituciones de servicios financieros a las corporaciones de desarrollo de mercado secundario de hipotecas.
Se permite a las entidades del sector financiero popular y solidario participar como accionistas en el capital de entidades financieras extranjeras de la misma naturaleza.
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