Desde el 12 de agosto del año en curso, está en manos del Ejecutivo el proyecto de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que emita su pronunciamiento dentro del plazo de 30 días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Descargue aquí el documento.
Como se recuerda, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto en mención, el pasado miércoles 11 de agosto. En sus principios se garantiza el desarrollo equilibrado de todos los territorios, para lo cual el código desarrolla los conceptos que definen la autonomía política, administrativa y financiera para su pleno reconocimiento y establece claros impedimentos y límites a las funciones del Estado o cualquier autoridad extraña, necesarios para garantizar la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados.
En este marco, los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del ordenamiento jurídico, territorial, económica y la igualdad de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano. La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión del territorio nacional; mientras que la unidad económica se expresa en un único orden económico social y solidario a escala nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos no produzcan inequidades territoriales.
La igualdad del trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, así como la equidad de género y generacional.
Además, todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este principio, es deber del Estado, en todos los niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir.
La propuesta determina la subsidiariedad, que supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos, por lo cual el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de un territorio.
El cuerpo legal prevé la participación ciudadana como un derecho, mismo que será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos.
Se garantizan, además, la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, generacional y los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley.
Con base en el criterio de sustentabilidad del desarrollo, los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. Esto conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio, a fin de aportar al desarrollo justo y equitativo de todo el país.
En este marco, el proyecto establece para la asignación y distribución de recursos a cada gobierno autónomo descentralizado una fórmula, con su respectiva ponderación, que prioriza las necesidades básicas insatisfechas, cuyos porcentajes regirán para dos años, hasta que el Consejo Nacional de Competencias determine el nuevo cálculo.
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